La Fiscalía de Medio Ambiente ha defendido hoy eliminar los jurados populares en los casos de incendios dolosos (deliberados) y ha cuestionado la necesidad de seguir aumentando las penas en este tipo de delitos ambientales.
En rueda de prensa, el fiscal delegado de Medio Ambiente,
Antonio Vercher, ha subrayado la "extraordinaria estabilidad" en la
cifra de sentencias condenatorias dictadas de 2007 a 2011 (85-90/año), y
la subida de las detenciones en lo que va de año, 243, frente a las 304
en todo 2010.
Es un número "infinitamente superior a la de años
anteriores", ha dicho Vercher, que ha recordado que las estadísticas de
delincuencia ambiental se publicaron por primera vez en 2007, un año
después de la creación de la Fiscalía que dirige.
Desde 2007 hasta
2011 ha habido un crecimiento de las condenas, con la única excepción
de las urbanísticas, que por primera vez decrecen tanto en condenas como
en absoluciones (de 700 condenas a 400), extremo que el fiscal ha
atribuido a la crisis.
En el resto, las condenas han subido en todos los delitos ambientales.
"Demasiadas" absoluciones
Entre las preocupaciones de la Fiscalía, Vercher ha apuntado a
que los jurados populares en lugares donde hay una cultura histórica o
tradición del fuego las absoluciones en los casos de incendios dolosos
son "demasiados".
"No parece sensato ni procedente", ha añadido,
tras recordar que este tema lo ha tratado con el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, y figura entre los puntos de estudio de la
actual reforma del Código Penal.
En 2011, se prendieron 16.000
incendios (mil menos que en 2010), de los cuales el 70% fueron conatos
(menos de una hectárea); en el 80% de los casos fueron negligencias e
imprudencias y el 21,6% resultó ser intencionado, siempre según los
datos de la Fiscalía.
A juicio de Vercher, por muchos medios a los
que se recurra y por muchas investigaciones que se incoen, acabar con
esta lacra depende en esencia de la actitud personal de cada ciudadano,
de lo contrario "no hay nada que hacer".
Hasta 20 años de cárcel
Respecto
a las penas, ha señalado que el Código Penal contempla hasta veinte
años de privación de libertad y, a lo largo de su historia, siempre han
ido aumentando.
"Yo no soy partidario de una perspectiva
extraordinariamente represiva del Código Penal, porque al final, si hay
una pena tan alta y se examina la situación social del individuo, hay
una cierta reticencia del juez o fiscal de aplicar la pena máxima".
"Puede
ser peor el remedio que la enfermedad", ha indicado, en alusión a la
aplicación de una pena desmedida para una persona que no ha actuado con
la idea de hacer daño sino que, por ejemplo, se ha descuidado en la
quema de rastrojos.
Detenciones
Sobre las
detenciones, el fiscal ha explicado que se observa una tendencia
creciente de sentencias condenatorias y una disminución de detenciones,
algo que ha interpretado como positivo, dado que así no se priva a nadie
de su libertad hasta el momento de la sentencia.
En 2007, se
dictaron 82 condenas y hubo 19 absoluciones; en 2008 las condenas
sumaron 90 y las absoluciones 21; en 2009, las primeras llegaron a 85 y
las absoluciones 51, en 2010, fueron 96 condenas y 34 las abosluciones, y
en en 2011, la proporción fue de 93 a 30.
Control de vertederos. líneas eléctricas y zonas recreativas
Entre
las iniciativas para conseguir más condenas y esclarecer el delito, la
Fiscalía ha extremado el control de los vertederos con riesgo para las
zonas forestales, las líneas eléctricas y las áreas recreativas, tras el
incendio que costó la vida a once personas en 2005 por culpa de una
barbacoa.
"Se avanza, pero con dificultades. Se logran eliminar
muchos vertederos peligrosos pero tantos se crean en otros lugares. Cada
vez hay menos, pero es una conducta muy recurrente".
Otra
actuación se refiere a los casos en los que el dueño de un monte privado
no denuncia o pide indemenización por el destrozo causado, en los que
la Fiscalía sí interviene para cobrar la indemnización y destinarla a la
restauración del medio natural. EFEverde
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