El Ministerio de Industria afronta esta semana la revisión de las tarifas de luz y gas para el próximo trimestre mientras ultima la segunda fase de la reforma del sector eléctrico, basada fundamentalmente en medidas fiscales, y que previsiblemente se aprobará en la primera semana de julio.
Para atajar el problema del déficit de tarifa -desfase generado
entre los costes y los ingresos del sistema y que supera los 24.000
millones- el ministro de Industria, José Manuel Soria, avanzó que en la
segunda quincena de junio se aprobarían nuevas medidas, aunque parece
que la reforma irá finalmente en el primer consejo de ministros de
julio.
Sobre las nuevas medidas, que se sumarán a los recortes de
costes del sistema adoptados a finales de marzo, Soria se ha limitado a
apuntar que se "estudia" un aumento de los impuestos indirectos que
gravan la generación de energía.
Esto puede traducirse de dos
formas: una mayor tasa o peaje para las empresas por la electricidad que
generan, independientemente de la fuente con que lo hagan; o un
incremento del impuesto sobre la electricidad, que actualmente es del
5,1 %.
Junto a esto, fuentes conocedoras de la reforma apuntan a
que se están barajando incrementos fiscales en el ámbito de los
carburantes con la aplicación del denominado "céntimo verde".
Lo
recaudado con este incremento impositivo en cada litro de carburante se
destinaría a aliviar la generación del déficit de tarifa, donde las
primas a las energías renovables tienen un peso considerable.
Desde
el sector eléctrico, han defendido esta medida que, a su juicio,
repartiría entre los todos consumidores energéticos, y no sólo los de
electricidad, el coste de las renovables.
En el lado contrario, el
sector petrolero ha rechazado la imposición de este gravamen adicional
que dañaría la economía en un contexto, además, de fuerte caída del
consumo de carburantes.
En marzo, el Gobierno optó por recortar
algunos costes regulados del sistema, como la distribución o los pagos
por capacidad, mientras que otras partidas como el transporte o las
primas a las renovables no se tocaron.
Junto a la concreción de
las nuevas medidas, que supondrán un incremento de los ingresos del
sistema eléctrico y frenarían el ritmo de generación del déficit, el
Gobierno debe concretar antes del 1 de julio la evolución de la tarifa
eléctrica regulada o TUR para el próximo trimestre.
El primer
componente para determinar esta tarifa, a la que están acogidos unos 20
millones de consumidores, se verá el martes con la celebración de la
subasta denominada Cesur donde se determina el coste de la energía
eléctrica.
Fuentes del sector apuntan a que el resultado de esta
subasta- que supone alrededor de la mitad del recibo de la luz- será al
alza, lo que presionará a un incremento de la tarifa.
No obstante,
la decisión final está, como cada trimestre, en manos del Gobierno, que
establece la otra mitad de la tarifa, los denominados peajes de acceso
con los que se cubren los costes del sistema.
En la anterior
revisión de marzo, el Gobierno incrementó con fuerza los peajes lo que,
con un descenso del coste de la energía, se tradujo en un incremento
medio final del recibo de la luz del 7 %.
El objetivo final de la
revisión de la tarifa y de las medidas energéticas que tiene el Gobierno
sobre la mesa es atajar el problema del déficit y que este desfase
entre ingresos y costes deje de generarse.
Para completar la
semana energética, el Gobierno también debería concretar antes del 1 de
julio la evolución de la tarifa de gas natural -donde la subasta ha
apuntado al alza- y de la bombona de butano, para la que el sector ya ha
avanzado una subida de más del 5 %.
En la revisión de abril, la
tarifa de gas se incrementó una media del 5 %; mientras que la bombona
de butano se subió casi un 3 %. EFECOM
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