El supuesto autor del incendio forestal que arrasó más de 300 hectáreas de la reserva de caza de Los Ancares, en la provincia de León, ha vuelto a su trabajo como celador forestal después de cumplir con la sanción de suspensión de empleo y sueldo impuesta por la Junta de Castilla y León.
Así lo han confirmado hoy a Efe fuentes de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, un departamento que es contrario a que este
trabajador, A.G.G., de 44 años, se mantenga en su puesto mientras esté
pendiente de resolución judicial el incendio del que se le
responsabiliza y por el que fue detenido por la Guardia Civil el pasado
octubre.
El proceso penal está abierto en el Juzgado de
Instrucción número 8 de Ponferrada (León), cuyo titular ha desestimado
la pretensión de la Junta de Castilla y León para evitar que A.G.G. se
incorporara a su puesto de trabajo, algo que ocurrió el pasado sábado,
tras cumplirse el plazo máximo de seis meses de empleo y sueldo que
establece la normativa.
Antes del sábado, la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente solicitó que de manera cautelar y con el apoyo de la
Fiscalía, hasta que se dicte sentencia sobre el incendio forestal, que
el acusado no se pudiera incorporar a su puesto, que consiste
básicamente en la vigilancia del espacio natural de la Reserva de Caza
de Los Ancares.
Decisión recurrida
El
consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha anunciado hoy
que su departamento ha recurrido ante el mismo juzgado la
reincorporación de A.G.G. a su puesto de trabajo del celador forestal.
En
declaraciones a los periodistas, en los pasillos de las Cortes de
Castilla y León, Silván ha reconocido que la vuelta al trabajo de este
funcionario es "triste" porque va en contra de los esfuerzos por
concienciar a la sociedad "de lo mal que actúan determinadas personas"
cuando atacan los espacios naturales por medio del fuego.
El
consejero ha remarcado que acepta y respeta las decisiones judiciales
que han desestimado el recurso anterior, aunque ha apelado a la
"sensibilidad social" para adoptar todos los "resortes legales"
existentes para impedir que este trabajador pueda desempeñar estas
funciones hasta que se aclare su situación ante la Justicia. EFEverde
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