Un tribunal italiano condenó el lunes a seis
científicos y a un responsable del Gobierno por homicidio involuntario y
les condenó a seis años de prisión por no haber dado el aviso adecuado
del terremoto mortal que destruyó la ciudad de L'Aquila y mató a más de
300 personas en 2009.
Los siete, todos miembros de un cuerpo oficial llamado
Comisión Nacional para la Previsión y Prevención de Riesgos Mayores,
fueron acusados de negligencia y malas prácticas en su evaluación del
peligro de un terremoto y en el deber de mantener a la ciudad informada
de los riesgos.
El caso ha provocado una amplia condena de órganos
internacionales como la Unión Geofísica Americana, que dijo que el
riesgo de litigio puede disuadir a algunos científicos de asesorar a
gobiernos o incluso trabajar para evaluar el riesgo sísmico.
"La cuestión aquí es de mala comunicación científica, y
no deberíamos llevar a prisión a científicos responsables que dieron
información medida y científicamente precisa", indicó Richard Walters,
del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oxford.
"Esto marca un precedente muy peligroso y temo que
disuada a otros científicos de ofrecer su consejo sobre peligros
naturales y de intentar ayudar así a la sociedad", añadió.
Los científicos Franco Brberi, Enzo Boschi, Giulio
Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva y Mauro Dolce, así como
Bernardo De Bernardis, un alto cargo de Protección Civil, fueron
condenados por homicidio involuntario y causar lesiones.
Un terremoto de intensidad 6,3 golpeó L'Aquila, en la
región italiana de Abruzzo, a las 3:32 horas de la madrugada del 6 de
abril de 2009, destrozando decenas de miles de edificios, causando más
de 1.000 heridos y matando a otros cientos mientras dormían.
El centro del caso era si los expertos designados por
el Gobierno ofrecieron un cuadro demasiado tranquilizador de los riesgos
a los que se enfrentaba la ciudad, que tenía muchos edificios antiguos y
frágiles y que ya había parcialmente destruida por terremotos en tres
ocasiones en los últimos siglos.
El caso se centró en particular en una serie de
temblores de bajo nivel que afectaron a la región en los meses previos
al terremoto y que, según los fiscales, debieron haber advertido a los
expertos para no subestimar el riesgo de un temblor mayor.
Es poco probable que los científicos ingresen en prisión en espera de un probable juicio de apelación.
El abogado de Eva, Alfredo Biondi, dijo que la decisión
es "errónea tanto en el hecho como en derecho", pero el veredicto,
emitido en un pequeño tribunal improvisado en una zona industrial a las
afueras del aún destrozado centro de la ciudad, fue bien recibido por
las familias de las víctimas.
"Esto no es sed de venganza, es sólo que nuestra hermana no va a volver", dijo Claudia Carosi.
Más de tres años después, buena parte de la antes
hermosa ciudad medieval sigue en ruinas y miles de personas no han
podido volver a sus casas.
Los abogados de la Defensa dijeron que los terremotos
no pueden predecirse, y que incluso si se pudiera, no podría hacerse
nada para prevenirlos.
"Si un suceso no puede predecirse, y más concretamente,
no puede evitarse, es difícil entender cómo puede hacerse ninguna
acusación de que no se predijera el riesgo", dijo antes de conocer el
veredicto el abogado defensor Franco Coppi.
La fiscalía, que había pedido cuatro años de prisión,
dijeron que no esperaban una previsión precisa de los expertos, pero
afirmaron que la Comisión había dado información "incompleta, imprecisa y
contradictoria" sobre el peligro tras reunirse el 31 de marzo de 2009,
unos días antes del terremoto.
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