La naturaleza tiene derechos constitucionales propios en Ecuador

Cada vez que se corta un árbol hay que sembrar otro, manifestó la embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, miembro de la Asamblea Constituyente de su país que en 2008 elaboró una inédita Carta Manga "ecológica", con derechos propios para la naturaleza.

En su redacción,  se otorgan, por primera vez, derechos de existencia a la propia Naturaleza, sin condicionantes ni dependencias, recordó la embajadora durante una entrevista con EFEverde.
"Hemos entendido que el hombre es una extensión de la naturaleza, de la que no podemos divorciarnos, es nuestra madre y nutriente, e ir en su contra es ir contra nosotros mismos", subrayó la representante diplomática, destinada en Madrid hace casi un año por el gobierno de Rafael Correa.
El gobierno ecuatoriano, añadió, promueve una estrategia internacional para elaborar una "declaración universal de los derechos de la naturaleza", que ya se presentó en las negociaciones de la conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20 y espera se considere en la asamblea general del organismo.
Buenaño integró la "mesa de Derechos" de la asamblea que incorporó constitucionalmente el concepto de "buen vivir" o "sumak kawsay" andino, la convivencia en diversidad y armonía con la naturaleza.
Este es el conocimiento ancestral de las muchas nacionalidades y culturas autóctonas ecuatorianas que no explotan ni expolian la Naturaleza porque no es ajena, sino propia, dijo. La titularidad del terreno, no es prerrogativa para su expoliación o deterioro, explicó Buenaño, quien apuntó el artículo 71 de la Constitución de su país, que otorga a la naturaleza "derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos".
"La naturaleza -sigue el documento- tiene derecho a la restauración, que será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados".
Sobre la explotación petrolera y minera en el país, que "prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas", salvo por decisión presidencial y ratificación del Parlamento, Buenaño aclaró que en Ecuador rige el principio de "restauración" y que es compromiso de quien gestiona un yacimiento recuperar el entorno al final de la concesión pactada."Si se tala un árbol hay que plantar otro, y si se abre una brecha se debe tapar o transformarla para que vuelva la vida.
No hay desarrollo si no es sostenible", aseguró la embajadora, convencida de que en Ecuador se trabaja en un "futuro verde" con una mayor conciencia ecológica de la juventud.El país "aplica con rigor" la normativa de control ambiental, con énfasis en la prevención y la mitigación de los impáctos ambientales y exige los más altos estándares en el uso de tecnología para el desarrollo de la industria petrolera y minera, agregó.
Destacó, asimismo, el programa "socio bosque" (al que se ha incorporado mas de un millón de hectáreas y favorece a 125.000 personas), que compensa económicamente a quienes protejan sus bosques naturales y contribuye a reducir la tasa de deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Ecuador ha acuñado, además, el concepto "emisiones netas evitadas" (ENE), un mecanismo de intercambio para que los países en desarrollo reciban financiación de los desarrollados a cambio de evitar liberación de gases de efecto invernadero.
Su proyecto estrella es el parque Yasuní, en el eje petrolero Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), en plena amazonia ecuatoriana, donde el país renuncia a la explotación de mas de 846 millones de barriles de crudo (el 20 % de sus reservas) y la emisión de 407 millones de toneladas de CO2, por 3.600 millones de dólares, el precio en el mercado de esas emisiones, pero solo el 50 % de lo que supondría la venta del petróleo.