En Santa Cruz, una compañía extraerá oro y plata en una área de 150 millones de años de antigüedad. En Jujuy, inversionistas chinos extraen petróleo en el parque Calilegua.
Con el respaldo de una riqueza apenas sospechada hasta hace unos años, la minería vive su momento dorado en la Argentina, de la mano de políticas oficiales que -en detrimento de otros sectores- no ha hecho más que alentar el desembarco de grandes capitales del exterior.
De ahí que, según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la actividad duplicará su contribución al PBI local en alrededor de tres años y promete "pisarle los talones" a los ingresos originados por la soja, con exportaciones cercanas a los 14.000 millones de dólares.
A partir del buen presente que vive el sector, los inversionistas incluso se permiten vaticinar que la minería pasaría a enrolar unos 132.000 empleados en los próximos cuatro años, desde los 77.000 promedio de 2011 y 2012. Más aun, esta cifra podría trepar hasta casi 200.000 si se agregan las tareas complementarias que comprende la actividad.
Pero, a la par de este crecimiento que entusiasma a los mineros, crece un sinfín de cuestionamientos y polémicas que, cada mes, parecen incorporar nuevas voces y ejemplos.
La expansión de los yacimientos trae aparejadas críticas que comprenden desde las cifras irrisorias que pagan las empresas al Estado por los minerales estratégicos que salen del país hasta el desarrollo de nuevos emprendimientos que afectan reservas naturales únicas en el mundo.
Precisamente este último punto volvió a cobrar protagonismo durante los últimos días con la confirmación de los permisos para el proyecto Don Nicolás, que prevé la extracción de oro y plata en el área del Parque Bosque Petrificado, en Santa Cruz.
La iniciativa, que impulsa la minera IRL -controlada por capitales peruanos y australianos-, contempla una inversión inicial de $280 millones y su inicio de producción está fijado para fines de 2013.
Don Nicolás posee un potencial de producción de 52.400 onzas de oro y 56.000 onzas de plata anualmente durante un período de vida de 3,6 años.
Según precisó una fuente periodística local, los trabajos de cateo y exploración en la zona del Bosque Petrificado -área de una antigüedad arqueológica superior a los 150 millones de años- se iniciaron durante la primera mitad del 2012, "aunque todo bajo un silencio que deja en claro que no había intención de comunicar el proyecto, al menos en términos políticos".
El emprendimiento de IRL comprenderá una explotación a cielo abierto que, sólo con la vibración de sus explosiones, "afectará de forma irreparable un paisaje único en el mundo".
"Además en el Bosque Petrificado hay puntos bien definidos e identificados donde los indígenas urdían sus artes de caza, trabajaban la piedra, pintaban o situaban sus cementerios. Todo eso irá desapareciendo con la actividad que se iniciará en poco tiempo", aseguró la fuente consultada.
Por supuesto, no es el único caso que hoy despierta preocupación en el mapa minero local.
En Jujuy, se suceden las denuncias para frenar la extracción de hidrocarburos que se está llevando a cabo dentro del Parque Nacional Calilegua.
En ese punto, uno de los más ricos de la provincia en términos de biodiversidad, primero la argentina Pluspetrol -controlada por el grupo Bridas- y luego la china JHP vienen concretando la explotación de petróleo pese a que la ley de parques nacionales prohíbe la actividad minera en estos espacios.
Dentro de Calilegua se ubica Caimancito, uno de los reservorios de petróleo más importantes del norte argentino.
En un documento emitido por los trabajadores de esa reserva, los guardaparques expresaron con contundencia su preocupación:
• "Luego de 40 años de explotación del yacimiento Caimancito, los pueblos vecinos de El Bananal, Yuto, Caimancito, Calilegua, comprueban que esa actividad extractiva, sin ningún procesamiento en el lugar, no genera empleo en forma significativa, la mano de obra calificada proviene de otros lugares y localmente sólo se obtienen trabajos temporarios y precarios, tercerizados a través de empresas de servicios."
• "Tampoco genera un crecimiento de la infraestructura y de los servicios de sus localidades. Ninguna de ellas posee red de gas natural, siendo que son atravesados por numerosos gasoductos. No cuentan siquiera con servicios elementales como cloacas, servicios hospitalarios dignos ni viviendas".
• "Estas localidades reciben del yacimiento Caimancito solo ríos contaminados y la casi certeza de estar contaminada el agua que consumen; quedando expuestos a los daños a la salud que generan los hidrocarburos y las aguas residuales con productos químicos usados en la actividad".
• "La explotación del yacimiento Caimancito, en jurisdicción y dominio del Parque Nacional Calilegua es ilegal. Los parques nacionales son inalienables, es decir no pueden venderse ni cederse".
En La Rioja ocurre algo no tan diferente. En ese distrito, el gobierno provincial admitió recientemente que ya están realizando trabajos de exploración minera en la reserva natural cordillerana Laguna Brava.
Desde hace un tiempo dicha área se encuentra encuadrada bajo la ley provincial 7.138. ¿Qué fija dicha normativa? Rotula a Laguna Brava como espacio de "usos múltiples".
Eso habilita a que la reserva natural funcione "como área de aprovechamiento productivo controlado instrumentando una regulación conservacionista de sus recursos naturales; la determinación de sectores con objetivos específicos, correspondientes a la zona que se trate; la explotación agrícola, ganadera, forestal, minera y de los recursos hídricos, el uso extractivo, controlado o restringido de su vida silvestre; las actividades industriales y comerciales; la ubicación, característica y destino de edificios, instalaciones y construcciones y en particular de los centros de recreación y turismo, las características, extensión y actividades de los asentamientos humanos; las actividades recreativas y turísticas; y las obligaciones de los propietarios con relación a las actividades de vigilancia y control que efectúe la autoridad de aplicación".
En otras palabras, no sólo habilita la actividad minera en ese apartado de La Rioja, sino que además permite una explotación económica hasta de las aguas que se acumulan en dicho paraje.
En paralelo, aunque varios meses atrás, la canadiense TECK se inscribió para concretar una exploración de oro y cobre dentro de la reserva natural Laguna del Diamante, en territorio mendocino.
"La inscripción publicada en el boletín oficial de Mendoza no implica la inminente exploración pero sí puso en alerta a las organizaciones de vecinos que vienen luchando contra la minería contaminante en la provincia", publicó un medio local.
En recientes declaraciones, el geógrafo Marcelo Giraud confirmó que el área "no está en cercanías" sino "dentro de lo que es la Reserva Natural Laguna del Diamante".
TECK es una de las mineras canadienses más importantes del mundo y controla yacimientos en su propio país, Estados Unidos, Chile y Perú.
Además, según informa en su página web, tiene exploraciones en varios países de América, Asia-Pacífico, Europa y África.
Según Giraud "la empresa TECK figura en el ranking de las 40 mayores mineras del mundo".
De concretarse una explotación en la reserva mendocina, el especialista anticipó que se tratará de "un yacimiento de cobre y oro en el límite con Chile. Se trata de un polígono de unas 1.700 hectáreas que llegará a estar a 6 kilómetros del cráter del volcán Maipo y a 10 kilómetros de la Laguna del Diamante y dentro de lo que es la Reserva Natural Laguna del Diamante".
Gustavo Gómez, prestigioso fiscal de Tucumán y especialista en minería y derecho ambiental, comentó que "la situación que se vive en sitios naturales, como Bosque Petrificado de Santa Cruz, refleja la ausencia de controles y la libertad con la que se mueven los capitales mineros".
"Hoy, en términos de volumen de oro extraído, Santa Cruz supera al resto de las provincias. Pero esto no se comunica por cuestiones de índole política. Como, por leyes vigentes, los Estados provinciales están asociados a las mineras en la mayoría de los proyectos, la posibilidad de controlar lo que se hace en el ambiente prácticamente desaparece", aseguró.
Gómez sostuvo que "entonces se dan casos, como el de Catamarca, donde Minera La Alumbrera extrae minerales a cielo abierto y pagando apenas un 1,5% de regalías por eso que se lleva. Porque, con deducciones, el código minero deja en 3% el porcentaje que deben pagar las empresas. Pero eso es un techo, y en Catamarca La Alumbrera acordó pagar 1,5%".
Para el fiscal tucumano, en tanto continúe el vínculo entre los Estados provinciales y las multinacionales extranjeras "el daño ambiental en zonas clave no podrá evitarse".
"Es como poner un zorro a cuidar un gallinero. El Estado no puede ser socio en una actividad que se sabe nociva para la riqueza natural. Como esto se avala, entonces se suceden casos donde el capital privado avanza sobre áreas ricas en biodiversidad con el aval político", concluyó.
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