En concreto,
ha afectado ya a una planta de biomasa, una de cogeneración, 11 de
energía eólica y 60 de fotovoltaica. Estas instalaciones están
previstas en los municipios malagueños de Archidona
ECOticias.
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz
Espejo, ha acusado al Gobierno central de bloquear 343 millones de
euros de inversión por el marco normativo que impone a las energías
renovables y que en la provincia de Málaga ha afectado a 73 proyectos,
que suponían una potencia superior a 248 megavatios en una decena de
municipios. Esto ha provocado, según el dirigente autonómico, que se
dejen de crear 1.049 empleos.
En concreto, ha afectado ya a una planta de biomasa, una de
cogeneración, 11 de energía eólica y 60 de fotovoltaica. Estas
instalaciones están previstas en los municipios malagueños de Archidona,
Estepona, Antequera, Ardales, Campillos, Cañete la Real, Valle de
Abdalajís, Sierra de Yeguas, Cuevas del Becerro, Casares, Álora y
Almargen.
De seguir este marco normativo, la afección se incrementaría aún
más y, según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, perjudicaría a
624 instalaciones que generarían casi 760 megavatios y que suponen un
empleo asociado de 275 personas.
Esta política del Gobierno del PP es "un duro golpe" a estas
energías renovables, "que son importantísimas para el medio ambiente,
generan puestos de trabajo cualificados, desarrollo tecnológico y dan
autonomía frente a otros recursos tradicionales y limitados", ha
apostillado en una entrevista concedida a Europa Press, al tiempo que ha
afirmado que las nuevas medidas, además, afectarán directamente al
consumidor, con un aumento estimado de la factura de un hogar tipo
superior a los 250 euros al año.
Precisamente, este pasado lunes el consejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, presentó un recurso en el
Tribunal Constitucional contra la Ley 15/2012 de medidas fiscales para
la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 29/2012 de
mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de
carácter económico y social.
Ruiz Espejo ha asegurado que esta política del Ejecutivo 'popular'
es "un paso atrás" en el compromiso de un desarrollo sostenible; de
ahí que haya emplazado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a
cambiar de opinión, puesto que se crea "una grave inseguridad jurídica
que impide atraer inversiones" y generar empleo.
Ante esta situación, la Junta andaluza está estudiando la
declaración de Proyectos Estratégicos por su especial relevancia para el
desarrollo económico, social y territorial que permitan instalar estas
plantas de energías renovables unidas a la puesta en marcha de un plan
industrial. Dichas iniciativas dispondrán de una tramitación
preferente y urgente, reduciéndose a la mitad los trámites, ha
especificado.
"UN REVÉS"
La Ley del Ejecutivo del PP, que entró en vigor el pasado mes de
enero, "no acabará con el déficit tarifario", sin embargo, "es un revés
para empresas y particulares". Para Ruiz Espejo, se trata de "un paso
atrás" en desarrollo sostenible. "Se rompe el principio de 'quien
contamina, paga'", además de perjudicar a las renovables "con el tributo
homogéneo ya que no es lo mismo gravar un proyecto que lleva 30 años
funcionando y que está amortizado que gravar un proyecto con dos años de
funcionamiento".
El delegado ha criticado que se quiera aplicar un tipo del siete
por ciento del pago por la producción eléctrica, un impuesto que
perjudica a los productores de renovables. Además, eliminan las primas
para la instalación de renovables, aplican el Índice de Precios al
Consumo (IPC) subyacente para la energía producida e incluyen criterios
sobre energía en régimen especial. Todo ello, ha continuado, crea
"inseguridad jurídica en las inversiones y hay un perjuicio económico
que hace peligrar dichas inversiones".
En este sentido, ha puesto como ejemplo las plantas de biomasa,
una energía renovable que tiene la mayor tasa de creación de empleo
'verde'. Así, en la provincia ya se ha bloqueado un proyecto de este
tipo, según la Junta, con una potencia de 15 megavatios y que en su
construcción emplearía a 93 personas, a lo que hay que sumar otras 25 de
los ámbitos de operación y mantenimiento.
En definitiva, las medidas del Gobierno de Marino Rajoy son
"fatales y un perjuicio que nos está afectando ya", ha incidido Ruiz
Espejo, quien ha anunciado también que se quiere fomentar en los
ciudadanos que generen su propia instalación doméstica para lo que se
reforzarán las políticas de "ahorro y eficiencia energética".
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