La causa, cabe
recordarlo, parte de la querella formulada en 2008 contra cuatro de
los directivos de 'Cobre las Cruces', --filial de la multinacional
cadaniense 'Inmet Mining'--
ECOticias.
Ecologistas en Acción promueve actualmente una campaña de
'crowfunding' o financiación colectiva para sufragar su "lucha
jurídica" contra la compañía 'Cobre las Cruces', que explota la mayor
mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Guillena y
Salteras, en la provincia de Sevilla. Mientras la sección Séptima de la
Audiencia Provincial de Sevilla deliberará el 7 de mayo sobre el
recurso de apelación promovido por 'Cobre las Cruces' contra el auto de
procesamiento de tres de sus directivos, Ecologistas en Acción, cuyas
actuaciones despertaron esta causa, pide colaboración económica a la
ciudadanía a través de "bonos de ayuda" o con aportaciones directas en
su cuenta de 'Triodos Bank'.
La causa, cabe recordarlo, parte de la querella formulada en 2008
contra cuatro de los directivos de 'Cobre las Cruces', --filial de la
multinacional cadaniense 'Inmet Mining'--, por la Fiscalía de Medio
Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. Los imputados, a quienes se
les atribuía posibles delitos de daños continuados y contra el medio
ambiente, eran entonces el ya ex director general de la compañía
Françoise Fleury, el director de Minas, William Thomas Willliams, el
director de Gestión de Aguas de esta empresa, Juan Carlos Baquero, y la
directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen.
AUTO DE PROCESAMIENTO
En un auto fechado el 9 de mayo de 2012, la juez Ana Escribano
atendía a las peticiones de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y
Patrimonio Histórico y ordenaba seguir las actuaciones mediante el
procedimiento abreviado contra Françoise Fleury, William Thomas
Willliams y Paz Cosmen, ordenando por contra el sobreseimiento de las
diligencias por lo que se refiere a Juan Carlos Baquero. Este auto, no
obstante, fue recurrido por la compañía al ser susceptible de recursos
de apelación, de reforma o de ambos en paralelo.
En ese sentido, la sección séptima de la Audiencia Provincial, a
través de una diligencia fechada el 15 de febrero del año en curso y
recogida por Europa Press, ha acordado celebrar el 7 de mayo una sesión
para deliberar sobre este recurso de apelación promovido por 'Cobre las
Cruces' contra el auto de procesamiento.
LA QUERELLA
La querella de la Fiscalía de Medio Ambiente, que se remonta a
2008, partía de los expedientes sancionadores incoados por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) contra 'Cobre las
Cruces', por la supuesta detracción no autorizada de 75.000 metros
cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos
no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes
a este cauce hídrico. Estas prácticas, de hecho, motivaron que la CHG
suspendiera entonces la concesión administrativa otorgada a 'Cobre las
Cruces' para el aprovechamiento del acuífero a través de un sistema de
drenaje y reinyección de agua (SDR).
El Ministerio Público, en su querella, consideraba que el
incumplimiento de los términos de la concesión administrativa había
desencadenado episodios de "contaminación metálica" y "contaminación por
oxidación de las aguas drenadas" en el acuífero Niebla-Posadas, que
además sufrió una detracción "neta" de 75.000 metros cúbicos como
resultado de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.
INCUMPLIMIENTO "REITERADO"
De cualquier modo, en el mencionado auto de procedimiento
abreviado, la juez Ana Escribano considera que "los informes emitidos
ponen de relieve que, efectivamente, la empresa ha venido incumpliendo
de forma reiterada las condiciones que le fueron impuestas en la
explotación minera". A tal efecto, esgrime la juez informes
desfavorables del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(Cedex), la CHG y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona)
de la Guardia Civil, así como las pruebas testificales emanadas de las
comparecencias de los técnicos de la Agencia Andaluza del Agua Mariano
Palancar y Juan Luis Ramírez Vacas.
"El incumplimiento, por parte de los responsables de la mina, de
las condiciones de explotación del mineral y de la ejecución del
drenaje/reinyección, ha sido continuado y tales incumplimientos se
encuentran relacionados causalmente no sólo con el potencial peligro
para el medio natural, así como para las personas y bienes, sino también
han producido daños en el entorno", señala la juez en su auto, en el
que además da cuenta de la práctica de "muchos más sondeos de los
permitidos", la construcción de "balsas en la zona de policía que han
supuesto riesgos para los arroyos de la zona", una "disminución del
volumen del acuífero" Niebla-Posadas y un "aumento de los niveles de
arsénico en las aguas superficiales y subterráneas".
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