"Después de
décadas de mala gestión pesquera que ha devastado los recursos
pesqueros, los ministros están incumpliendo miserablemente su promesa de
reformar la gestión de las pesquerías de la UE"
ECOticias.
La organización ecologista Greenpeace ha criticado la posición
acordada por los Estados miembros esta madrugada en contra del veto
inmediato de los descartes y a favor de retrasar el rendimiento máximo
sostenible (RMS) de las pesquerías más allá de 2015, porque con ello
permitirán que la sobrepesca que sufren los recursos marinos se mantenga
"al menos una década más".
"Después de décadas de mala gestión pesquera que ha devastado los
recursos pesqueros, los ministros están incumpliendo miserablemente su
promesa de reformar la gestión de las pesquerías de la UE", ha asegurado
el director de política pesquera de Greenpeace, Saskia Richartz.
La organización ecologista acusa a los gobiernos europeos de
querer dejar la reforma "pendiente de un hilo" y de "condenar a los
pescadores y los peces a otra década de sobrepesca y reducción de los
stocks, con graves consecuencias para especies como el bacalao, la
merluza y el atún".
En este contexto, Greenpeace emplaza al Parlamento Europeo, con
quien los 27 deben negociar ahora la reforma, a hacer lo posible para
que los ministros responsables de Pesca "entren en razón".
Los ministros de Pesca han pactado en una negociación de más de
veinte horas la que será su posición en los contactos que debe iniciar
ahora con la Eurocámara para diseñar una reforma de la Política Pesquera
Común (PPC). La reforma debería entrar en vigor el próximo año tras el
voto de los eurodiputados a finales de 2012, pero las dificultades en la
negociación auguran retrasos, según distintas fuentes europeas.
La Comisión Europea pide un cambio radical en la política pesquera
que permita prohibir de manera inmediata los descartes y obligar a los
pescadores a desembarcar en puerto todo lo capturado, al tiempo que
apuesta por fijar en 2015 el plazo para cumplir con el RMS.
Sin embargo, la oposición firme de un grupo de países encabezado
por España y Francia ha obligado a un acuerdo que diluye estos objetivos
para adaptarlos caso por caso a cada pesquería.
Desde Greenpeace advierten de que el retraso en los plazos de
estas medidas se traducirá en una menor presión sobre quienes pescan,
con lo que seguirán agotándose los caladeros y los pescadores
continuarán dependiendo de los subsidios.
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