La mujer que advirtió el desastre

“¿Va a ir sola hasta el Nazareno? Ese barrio es muy caliente, señorita”, dice el taxista parqueado en una calle de Cartagena. Allí vive de lunes a viernes Kelly Ortega Herrera, presidenta de la acción comunal de las veredas El Chorro y La Legua, en el municipio de Turbana (Bolívar); las mismas que llevan siete años siendo escenario del peor desastre ambiental ocurrido en esa región. Al preguntarle por las advertencias del taxista Kelly responde: “Sabía que te iban a salir con eso… pero ven tranquila. Conmigo estás segura”.

Con ella cualquiera está seguro, porque los jóvenes del barrio, esos que el taxista insiste en que “si te ven sola te quitan todo”, la conocen y la respetan. Kelly tiene 24 años y es una líder reconocida también en ese rincón de la ciudad (donde vive durante la semana para estar más cerca de la universidad), en el que hasta hace poco los muchachos se batían a bala con pandillas de los barrios vecinos. Ya no hay enfrentamientos —dice ella—, pero el problema de los expendios de drogas y de la falta de oportunidades sí se perpetuó.

Kelly es, además, la mujer que está dando la pelea para que la empresa Carman Internacional, responsable del derrame de hidrocarburos que contaminó sus arroyos y sus cultivos, y mató animales de sus veredas, sea sancionada. Kelly es la joven que está batallando para que no sólo esa compañía, sino todos los que tienen alguna responsabilidad en esta tragedia ambiental —que ha hecho menos fértiles los suelos y más pobre a su comunidad— también sean investigados, porque —insiste ella— las autoridades pusieron su cuota, por omisión, por no actuar a tiempo.

La Legua, la vereda en la que ella y sus cuatro hermanos nacieron, está en lo alto de una montaña. Treinta años atrás, cuando sus papás y otros pobladores de Cartagena invadieron esas tierras baldías —que luego el Incoder les tituló—, el paisaje era un bosque espeso, virgen. Se instalaron y empezaron a vivir de los cultivos de maíz, yuca, plátano y mango, porque estaban sobre tierra productiva. Ya no.

“Nosotros estamos peleando por tres cosas puntuales. Y te las puedo enumerar así. Primera: continuamos viendo afectada nuestra seguridad alimentaria, nuestra salud y nuestro derecho a un medio ambiente sano. Segunda: la comunidad exige que se reparen los daños causados. Y tercera: exigimos que se retiren los líquidos peligrosos”.

Kelly habla con tono firme y seguro. “Soy la voz de mi comunidad”, dice, y luego cuenta que el 6 de septiembre, el día del último desastre, recibió una llamada de su mamá a las 6:00 a.m. (estaba en Cartagena). “Kelly, se derramaron las pozas”, le dijo y ella respondió ya sabíamos que eso iba a pasar.

“Las pozas” son unas doce piscinas artesanales que construyó la empresa Carman Internacional para almacenar, ilegalmente, un hidrocarburo “pesado, inflamable y tóxico”, según la Procuraduría. El año pasado, el 17 de octubre, tras un aguacero de siete horas consecutivas, las piscinas se rebosaron y el líquido bajó por la montaña, llegó hasta el arroyo La Legua —del que beben las gallinas y las vacas, con el que riegan los cultivos—, luego hasta Arroyo Grande y se diluyó en la bahía de Cartagena.

Antes había ocurrido lo mismo, en menores cantidades, y la comunidad había advertido que vendría una tragedia mayor. Y llegó. Una y dos veces: en octubre de 2012 y hace dos semanas, a pesar que desde noviembre de 2011 Carman Internacional tiene una orden de suspensión de sus actividades por incumplir con las medidas ambientales.

La empresa llegó hace ocho años a las montañas que habita Kelly, sus cuatro hermanos y cien familias más. Con el tiempo, de lo más alto del cerro empezó a emerger un olor fuerte, fuertísimo, que hacía arder los ojos, que se introdujo en el aire, el suelo y el agua, para no volver a salir. Kelly cuenta que los líderes hicieron una visita a la empresa para indagar qué pasaba, y después de ese intento sólo guardaron silencio. El mismo que hoy impera en buena parte de la comunidad, “porque se sienten atemorizados”.

Luego del derrame del año pasado se conformó oficialmente la junta de acción comunal de El Chorro y La Legua. Necesitaban una voz que los representara. Y esa voz fue Kelly. Fue elegida presidenta por unanimidad. La niña que siempre había acompañado a su papá a las reuniones, que había sido personera en el colegio, que se había empeñado en estudiar porque sólo así “podía retribuirle algo a mi comunidad... ”, se convirtió en su máxima líder, a los 24 años.

Kelly estudió filosofía. Cuando estaba eligiendo el tema de su  tesis su asesor le preguntó: “¿Qué problema de la realidad te preocupa?”, y ella respondió: “Las desigualdades sociales’”. Hoy, además, le preocupa la salud de sus vecinos, las gallinas que se le murieron a unos, el señor que se metió al arroyo a salvar su vaca de la mancha de aceite y terminó enfermo, con salpullido en la piel; le preocupa que la cosecha no sea tan pródiga como en otros tiempos, que las autoridades se hayan demorado tanto para escucharlos, que con un nuevo aguacero se desborden otra vez las piscinas que están al tope.

“¿Tú sabes cuántos delitos ambientales se cometen en este país y nadie hace nada? Mira cuántas pruebas necesitamos para demostrar algo que era tan evidente”. En una carta del 24 de octubre de 2012, remitida a Cardique (la autoridad ambiental de Cartagena), la comunidad explica que “en los dos últimos años se ha presentado el vertimiento de desechos hospitalarios y aceitosos en las aguas del arroyo (...) ocasionando grandes perjuicios en el patrimonio económico de los parceleros (...) que devengan el sustento de sus familias con los productos cultivados o criados”. Un año después la historia se vuelve a repetir.