Formada por
más de 200 organizaciones de diversa índole, “No a nuestra Costa”
exponía en su formación 10 razones por las que había que defender la Ley
de Costas
ECOticias.
Hoy concluye el plazo de alegaciones de la nueva Ley de protección y uso sostenible del litoral
y la plataforma en defensa de la Ley de Costas, “No a nuestra costa”,
advierte que favorece los intereses privados en detrimento del bien
público mediante la modificación del dominio público marítimo-terrestre
(DPMT), la reducción de la servidumbre de protección y la ampliación del
plazo de las concesiones. (www.noanuestracosta.org)
Formada por más de 200 organizaciones de diversa índole, “No a
nuestra Costa” exponía en su formación 10 razones por las que había que
defender la Ley de Costas, ya que esta ley aprobada en 1988 y vigente en
la actualidad, garantiza la protección ambiental y uso público de la
costa. De manera que defender nuestras playas, calas, dunas,
acantilados, marismas y rías es proteger un bien común, para las
generaciones presentes y para las futuras.
Sin embargo, a pesar de la validez de la Ley de Costas, el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, a través de Arias
Cañete, presentó en julio el borrador del anteproyecto de modificación
de la Ley de Costas que fue aprobado en Consejo de Ministros. El
contenido del documento no fue expuesto con anterioridad a las
principales asociaciones ecologistas del país, tal y como prometió el
ministro, y viene rodeado de una falta de participación y oscurantismo
destacables.
Así, la reforma de la Ley de Costas, que pasaría a llamarse Ley de protección y uso sostenible del litoral supondría
postergar el problema de la ocupación privada de la costa a
generaciones futuras, ya que la ampliación de concesión de DPMT a 75
años, heredables y con la posibilidad de compra-venta es regalar
terrenos públicos a manos privadas. Además, y de forma grave, ignora
totalmente los impactos previsibles del cambio climático sobre el
litoral, ya que desprotege grandes tramos de litoral cantábrico y
atlántico al reducir de 100 a 20 metros la franja de servidumbre de
protección en las rías, y declarar suelo urbano zonas del frente litoral
que también reducirían la servidumbre de protección a 20 metros en
estos tramos.
Además, la Plataforma considera que mientras que se excluyen del DPMT
diez núcleos urbanos y buena parte del litoral de Formentera, sin
ningún tipo de criterio medio ambiental ni científico, se excluyen de
este dominio ecosistemas sumamente importantes para el equilibrio de la
costa, como son las marismas mediterráneas, salinas, esteros, ciertas
zonas inundables y dunas que no estén en movimiento, perdiendo así la
franja de 100 metros de servidumbre de protección asociada a ellos. En
muchas franjas del litoral, existen sistemas dunares situados más de 100
metros de la costa o playa y no están en primera línea del mar y por
tanto, no juegan un papel en la defensa o la estabilidad de la playa.
Sin embargo, afectan la dinámica litoral de la costa y además son
ecosistemas importantes que albergan flora y fauna especialmente
adaptada a estos ambientes.
Finalmente, en un escenario de crisis, donde los servicios públicos
van en detrimento, esta reforma supondría la pérdida del dinero público
invertido todos estos años en la delimitación, recuperación y
conservación del DPMT que ahora se desprotege. Y por si esto fuera poco,
implica aumentar el gasto de dinero público en nuevos deslindes e
indemnizaciones de quienes en su momento sí acataron la Ley.
La Plataforma No a nuestra costa, en defensa de la Ley de Costas,
alerta de la gravedad de esta modificación y pide al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio ambiente que deseche este
anteproyecto. El contenido del texto, más que pretender conciliar el
desarrollo económico con la conservación del medio ambiente, y dar una
mayor seguridad jurídica, según palabras de Arias Cañete, parece
encaminado a privatizar la costa, y hecho a la carta según intereses de
particulares que han ido acumulando todos estos años terrenos en la
costa.
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