El Gobierno ha aceptado hoy la petición de la mayoría
de los grupos parlamentarios de tramitar como proyecto de ley el real
decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños de los incendios
forestales, convalidado hoy en el Pleno del Congreso.
Ello no impide que los beneficiarios del decreto ley -publicado en el
BOE el 8 de septiembre y que entró en vigor al día siguiente- puedan
seguir solicitando las ayudas previstas.
Durante sus intervenciones, Izquierda Plural, CiU, UPyD, Esquerra
Republicana (Grupo Mixto) y PSOE han demandado dicha tramitación por
entender que la norma contiene errores, es mejorable y excluye a
posibles damnificados.
El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha expresado la
disposición del Gobierno a aceptar la demanda y, al término de la
sesión, el Pleno del Congreso ha dado su respaldo unánime (325 votos a
favor y ninguna abstención ni voto negativo) a la misma.
La aplicación del real decreto se extenderá de junio a noviembre,
fecha en la que acaba la campaña de incendios e incluye los daños
causados por el fuego y por desastres naturales como las tormentas, ha
dicho Fernández, acompañado en el hemiciclo por el ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
Además, será su departamento el responsable de determinar los núcleos
o zonas afectadas que puedan acogerse a las ayudas del decreto-ley, que
recoge la posibilidad de requerir los servicios de personas que estén
percibiendo una prestación de desempleo.
Entre otras medidas, la norma recoge desde exenciones fiscales a
ayudas en materia de vivienda e indemnizaciones a explotaciones
agrícolas o ganaderas.
En su intervención, la diputada Ana Oramas (Coalición Canaria) ha
criticado que el Gobierno "una vez más" no haya tenido en cuenta la
"singular estructura territorial" del archipiélago, lo que -ha dicho-
hace inaplicable el decreto hoy convalidado.
Desde Esquerra, Teresa Jordá ha solicitado la puesta en marcha de una
línea de ayuda para las políticas de prevención y gestión forestal y,
en la misma línea, Maite Aríztequi (Amaiur) ha dicho que la clave no es
dar ayudas puntuales sino establecer una política forestal.
El diputado de UPyD, Toni Cantó, ha señalado que la redacción actual
deja fuera a posibles beneficiarios y ha calificado de "muy revelador"
que sea el ministro del Interior quien presente la iniciativa.
"Saca a la luz" -ha dicho- la visión del PP en materia de incendios: extinción y castigo, en lugar de prevención.
Laia Ortiz (Izquierda Plural) ha considerado que el contenido del
texto es limitado porque excluye a posibles damnificados, y el diputado
de Equo-Compromís, Joan Baldoví, ha pedido la inclusión de los
agricultores valencianos afectados por severas heladas en febrero.
Por último, Marc Solsona (CiU) ha dicho que el decreto contiene
medidas restrictivas y el socialista José Luis Ábalos ha criticado el
ámbito de aplicación temporal del decreto, porque deja fuera a los
incendios "madrugadores" y a los tardíos.
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