El Consejo de
Ministros del pasado viernes aprobó un Anteproyecto de Ley con el que
pretende atajar definitivamente el déficit de tarifa eléctrico
escogiendo exclusivamente la vía impositiva.
ECOticias.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético [1],
en la que participa Ecologistas en Acción, considera que el nuevo
impuestazo energético no resolverá los problemas del sector.
El Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética incorpora interesadamente el término “sostenibilidad”. Persigue, en principio, la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, pero no deja pasar la oportunidad evidente de vincularse semánticamente a valores verdes y ecológicos, propios de la llamada economía sostenible. Por eso se sucede la lista de impuestos (y otras medidas) que se aplican específicamente sobre los combustibles fósiles o la energía nuclear (para la que se llegan a crear ¡dos! nuevas figuras impositivas), mientras que las tecnologías limpias aparentemente salen mejor paradas al ser gravadas con un solo impuesto que, además, se aplica por igual a las centrales contaminantes o peligrosas. Podría pasar por tanto por una reforma fiscal verde.
Sin embargo, todo el que conozca, aunque sea someramente, el mercado eléctrico, se dará cuenta de que no es así, que no se puede hablar de medidas verdes si sólo perjudican a las centrales eléctricas limpias, que ya han sido fuertemente castigadas en los últimos años. Y esto porque, mientras que las instalaciones del régimen especial (que incluye a las renovables) no van a poder repercutir el impuesto en sus precios de venta (al recibir un precio fijo por su energía producida, establecido por ley), el resto de centrales, las que queman gas, carbón o utilizan reacciones nucleares, sí que lo van a trasladar al consumidor. Insistimos: no es que lo puedan repercutir, es que lo van a repercutir en sus precios a los consumidores. Y ello, por una simple razón: son estas centrales las que determinan el precio del mercado mayorista de electricidad, un mercado en el que, tanto la oferta como la demanda están mayoritariamente controladas por los mismos: las españolas Iberdrola y Gas Natural y las filiales de empresas extranjeras Endesa (Italia), EDP (Portugal) y Eon (Alemania). Por lo tanto, cuando en los próximos trimestres nos toque contemplar el rostro compungido del ministro Soria comunicándonos que no queda más remedio que subir los precios de la electricidad, como resultado de las subastas de “mercado”, ya sabremos en qué ha consistido la “reforma verde”. La certeza de esta aseveración se ve respaldada por la inmediata subida de las cotizaciones en los mercados de futuros acontecida drásticamente desde que el viernes se anunciaran las nuevas medidas.
Las grandes empresas eléctricas van por tanto a subir sus precios lo que precisen para absorber los nuevos impuestos. El ministro además anunció una medida que facilitará la estrategia de las eléctricas: próximamente los consumidores con potencia contratada superior a los 5 kW quedarán fuera de la tarifa de último recurso (TUR) y, por tanto, al albur del mercado, es decir, de las cinco grandes empresas eléctricas.
El conjunto de medidas fiscales que recoge el Proyecto se completa con una medida extraordinaria, que apenas está recibiendo atención por parte de los medios. El Gobierno ha decidido liberar al sector eléctrico del déficit de tarifa acumulado, los 24.000 millones de euros pendientes de pago a fecha de hoy. Esa cantidad correrá a cuenta de los contribuyentes. Mediante un golpe de varita mágica, un déficit que ha sido ocasionado por una política energética errática y cuyos componentes no han sido auditados cambiará de apellido: de déficit eléctrico a déficit público.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético reclamamos que el Gobierno lidere una mesa de expertos donde estén representados los sectores empresariales, pero también organizaciones sociales, medioambientales y políticas, todos ellos con un solo cometido: la elaboración de un Pacto de Estado que dé estabilidad a la política energética del País en un plazo no inferior a 20 años y que valore con objetividad y transparencia las alternativas de suministro existentes. Naturalmente, para alcanzar este objetivo es necesario y urgente realizar previamente una auditoría en profundidad del sistema eléctrico de nuestro país.
Desde la Plataforma defendemos la superación del modelo actual según el cual todas las fuentes energéticas son necesarias, para transitar rápidamente hacia un modelo basado en el ahorro y la eficiencia, la gestión inteligente de la demanda, las energías limpias y renovables y la soberanía personal y colectiva. Este modelo es más barato, y tiene enormes beneficios medioambientales, de empleo, de independencia energética y de equilibrio de la balanza de pagos.
- La pseudo-reforma energética no es más que una batería de impuestos que recaerán sobre los ciudadanos y las energías renovables.
- Es urgente la constitución de una mesa nacional para consensuar el modelo energético que necesita nuestro país a largo plazo.
- El punto de partida debe ser una auditoría en profundidad de los costes del sector eléctrico.
El Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética incorpora interesadamente el término “sostenibilidad”. Persigue, en principio, la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, pero no deja pasar la oportunidad evidente de vincularse semánticamente a valores verdes y ecológicos, propios de la llamada economía sostenible. Por eso se sucede la lista de impuestos (y otras medidas) que se aplican específicamente sobre los combustibles fósiles o la energía nuclear (para la que se llegan a crear ¡dos! nuevas figuras impositivas), mientras que las tecnologías limpias aparentemente salen mejor paradas al ser gravadas con un solo impuesto que, además, se aplica por igual a las centrales contaminantes o peligrosas. Podría pasar por tanto por una reforma fiscal verde.
Sin embargo, todo el que conozca, aunque sea someramente, el mercado eléctrico, se dará cuenta de que no es así, que no se puede hablar de medidas verdes si sólo perjudican a las centrales eléctricas limpias, que ya han sido fuertemente castigadas en los últimos años. Y esto porque, mientras que las instalaciones del régimen especial (que incluye a las renovables) no van a poder repercutir el impuesto en sus precios de venta (al recibir un precio fijo por su energía producida, establecido por ley), el resto de centrales, las que queman gas, carbón o utilizan reacciones nucleares, sí que lo van a trasladar al consumidor. Insistimos: no es que lo puedan repercutir, es que lo van a repercutir en sus precios a los consumidores. Y ello, por una simple razón: son estas centrales las que determinan el precio del mercado mayorista de electricidad, un mercado en el que, tanto la oferta como la demanda están mayoritariamente controladas por los mismos: las españolas Iberdrola y Gas Natural y las filiales de empresas extranjeras Endesa (Italia), EDP (Portugal) y Eon (Alemania). Por lo tanto, cuando en los próximos trimestres nos toque contemplar el rostro compungido del ministro Soria comunicándonos que no queda más remedio que subir los precios de la electricidad, como resultado de las subastas de “mercado”, ya sabremos en qué ha consistido la “reforma verde”. La certeza de esta aseveración se ve respaldada por la inmediata subida de las cotizaciones en los mercados de futuros acontecida drásticamente desde que el viernes se anunciaran las nuevas medidas.
Las grandes empresas eléctricas van por tanto a subir sus precios lo que precisen para absorber los nuevos impuestos. El ministro además anunció una medida que facilitará la estrategia de las eléctricas: próximamente los consumidores con potencia contratada superior a los 5 kW quedarán fuera de la tarifa de último recurso (TUR) y, por tanto, al albur del mercado, es decir, de las cinco grandes empresas eléctricas.
El conjunto de medidas fiscales que recoge el Proyecto se completa con una medida extraordinaria, que apenas está recibiendo atención por parte de los medios. El Gobierno ha decidido liberar al sector eléctrico del déficit de tarifa acumulado, los 24.000 millones de euros pendientes de pago a fecha de hoy. Esa cantidad correrá a cuenta de los contribuyentes. Mediante un golpe de varita mágica, un déficit que ha sido ocasionado por una política energética errática y cuyos componentes no han sido auditados cambiará de apellido: de déficit eléctrico a déficit público.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético reclamamos que el Gobierno lidere una mesa de expertos donde estén representados los sectores empresariales, pero también organizaciones sociales, medioambientales y políticas, todos ellos con un solo cometido: la elaboración de un Pacto de Estado que dé estabilidad a la política energética del País en un plazo no inferior a 20 años y que valore con objetividad y transparencia las alternativas de suministro existentes. Naturalmente, para alcanzar este objetivo es necesario y urgente realizar previamente una auditoría en profundidad del sistema eléctrico de nuestro país.
Desde la Plataforma defendemos la superación del modelo actual según el cual todas las fuentes energéticas son necesarias, para transitar rápidamente hacia un modelo basado en el ahorro y la eficiencia, la gestión inteligente de la demanda, las energías limpias y renovables y la soberanía personal y colectiva. Este modelo es más barato, y tiene enormes beneficios medioambientales, de empleo, de independencia energética y de equilibrio de la balanza de pagos.
Notas
[1]
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético agrupa a personas,
colectivos sociales, partidos políticos, organizaciones empresariales,
sindicatos y organizaciones ambientales por la defensa de un cambio en
el modelo energético basado en el ahorro, la soberanía y las energías
renovables.
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