"Se estima que
solo están registrados 1.000 productores de unos 10.000 existentes en
España. Esto implicaría una evasión de, por lo menos, 15 millones de
euros”
ECOticias.
Según la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, los fabricantes de estos aparatos deben reciclar los
residuos que genera su actividad, hasta alcanzar una cuota de 4 kg por
habitante y año. Sin embargo, en España la mayoría de los aparatos fuera
de uso son gestionados mediante sistemas no autorizados. Así lo revela
un estudio de investigadores de la Universidad de Salamanca que publica
el Journal of cleaner production.
“Se estima que solo están registrados 1.000 productores de unos
10.000 existentes en España. Esto implicaría una evasión de, por lo
menos, 15 millones de euros”, dice a SINC Dolores Queiruga, actual
investigadora del departamento de Economía y Empresa de la Universidad
de la Rioja.
En 2010, los españoles generaron 652 millones de kilogramos, es
decir, 13,86 kg por persona, de los que únicamente 2,55 kg se recogieron
y procesaron correctamente a través de los ‘sistemas integrados de
gestión’ (SIG). Este es el método colectivo que los fabricantes pueden
utilizar para gestionar los residuos, además de poder hacerlo a título
individual.
En España existen actualmente siete SIG, un conjunto de fundaciones
que reúnen a empresas del sector de la electrónica: ECOLEC, ECOTIC,
ECOLUM, AMBILAMP, ECO-RAEEs, ECOASIMELEC y ECOFIMATICA.
El trabajo analiza la evolución y las etapas de desarrollo del
tratamiento de este tipo de residuos desde los primeros borradores de la
directiva europea que regula la gestión de los deshechos electrónicos,
hasta la actualidad.
En el caso de los grandes electrodomésticos, por ejemplo, se estima
que más del 70% de congeladores y frigoríficos, y el mismo porcentaje de
televisores y de monitores, se recogieron y se trataron de forma
incontrolada aprovechando que la legislación no lo prohíbe.
“El problema es que muchos fabricantes no están incluidos en el
registro oficial del Ministerio de Industria para gestionar los residuos
electrónicos (REI-RAEE) y esto dificulta su control”, dice Queiruga.
La investigación revela que el sistema de gestión de residuos español
posee algunos puntos débiles. Según el estudio, los productores
registrados que cumplen el marco legal se ven perjudicados
económicamente respecto a los fabricantes que no se hacen cargo del
gasto del reciclaje. Los autores también denuncian el retraso en el
desarrollo de políticas públicas por parte de algunas Comunidades
Autónomas.
La necesidad de un líder
Cuando la Unión Europea redactó el primer borrador de la directiva,
España fue capaz de reunir a los agentes interesados para que cerraran
acuerdos colectivos sobre el reciclaje de los RAEE. Sin embargo, hubo
diferencias entre las comunidades autónomas para sacar adelante
proyectos piloto. Los precursores fueron Cataluña y el País Vasco.
El estudio destaca la importancia de “un agente pionero para establecer el modelo a seguir por los demás”, como la empresa Indumental Recycling.
“Su tradición, experiencia y apoyo a proyectos pilotos, representó un
gran impulso para el desarrollo del sistema de gestión de residuos”,
añade la investigación.
“Con los primeros borradores de la Directiva Europea, los productores
se dieron cuenta de que tenían que responsabilizarse de los residuos de
sus productos y todos los agentes económicos comenzaron a plantearse
cuál podía ser la forma más adecuada de gestionarlos”, dice a SINC
Queiruga.
Según Queiruga, “las cuotas de reciclaje tampoco reducen la cantidad
de aparatos que se desechan”. Sobre las posibilidades para reducir el
número de aparatos que se desechan cada año, la experta considera que es
importante alargar la vida útil del producto mediante la reparación de
aparatos y la concienciación de los ciudadanos. La experta también
destaca la importancia de su reutilización para que tarden más tiempo en
convertirse en residuo.
A pesar de todo, la investigación señala que el sistema de gestión de
residuos de España podría servir de ejemplo para otros países que
comienzan ahora. El trabajo concluye que la experiencia española puede
ser un referente para países como Reino Unido, Estados Unidos y China,
donde la mayoría de los RAEE se devuelven al productor, o se gestionan a
través de programas de voluntariado y otros canales informales.
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