El Gobierno ‘juega’ con las renovables y los intereses electorales

La propuesta de Modificación de la Orden que regula el servicio de interrumpibilidad que el pasado día 11 el Ministerio de Industria

ECOticias.

El aumento de la subvención por el servicio de interrumpibilidad para la gran industria la pagarán los consumidores eléctricos. En la memoria de la Orden Ministerial se emplean los mismos argumentos que en el preámbulo del RDL 13/2012 para regular lo contrario, la rebaja de dichos pagos.

La propuesta de Modificación de la Orden que regula el servicio de interrumpibilidad que el pasado día 11 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía para su preceptivo informe es un nuevo disparate de la errática política energética con el agravante de que, en esta ocasión, la supeditación a los intereses electorales del PP es flagrante. Para la Fundación Renovables es inadmisible que en marzo el Gobierno afirmara en el preámbulo del RDL 13/2012 que la sobrecapacidad del sistema hacía innecesarios los pagos por interrumpibilidad y que ahora para ayudar a las tres grandes empresas consumidoras de energía, una de ellas con plantas en Galicia que amenazaba con cerrar, proponga un incremento del 75% de dichos pagos por un servicio que no va a requerirse en los próximos años. Estos pagos recaerán una vez más en el consumidor pero al vincularse como contraprestación al aumento de los precios de la electricidad pueden ser considerados por Bruselas como ayudas de Estado. En cualquier caso, esta iniciativa como la decisión de no “castigar” las importaciones de biocombustibles de Argentina en contra de lo anunciado hace meses y como tantas otras, ponen en evidencia que la política energética se aleja cada día más de los retos que tiene planteados nuestro país y aumenta en cada paso la inseguridad jurídica.

En efecto, en la memoria de modificación de la Orden que regula el servicio de interrumpibilidad para incrementar en un 75% los pagos a los grandes consumidores de energía se copia literalmente el mismo argumento que se puede leer en el preámbulo del RDL 13/2012 para rebajar dichos pagos en un 10%. En aquel preámbulo se decía que dada la situación de baja demanda y de sobrecapacidad del sistema y su poca utilización nada justificaba mantener los pagos por interrumpibilidad. Siete meses después, copiando el mismo argumento, dichos pagos se incrementan. De marzo a octubre, según la CNE, ha seguido bajando el consumo de electricidad y aumentado las importaciones de gas, es decir, creciendo la sobrecapacidad del sistema. ¿Cómo habiendo aumentado las razones para reducir los pagos por interrumpibilidad, por el contrario se incrementan? ¿Qué ha pasado en estos meses? Solo se encuentra una explicación, las elecciones gallegas y los intereses electorales del PP. La decisión incongruente del Gobierno solo se explica por la supeditación de las decisiones energéticas a intereses electorales y la consecuencia es la pérdida de credibilidad y mayor desconfianza en la política energética.

La decisión de cargar 700 millones al recibo de la luz significa un desprecio absoluto a los consumidores eléctricos. La decisión supondrá un incremento de los costes regulados que se trasladarán en futuras subidas de la luz, más inflación y más déficit tarifario, justo todo lo contrario de lo que propuso el Ministro Soria. Si en el proyecto de ley de fiscalidad energética descubríamos las exenciones fiscales en el impuesto de hidrocarburos a la generación con gas, fuel y gasóleo, verdaderas subvenciones a los combustibles fósiles nunca declaradas, ahora se aprueba una nueva subvención a las grandes industrias que se cargará a los consumidores. Ahora se puede entender mejor la insistencia en cargarse las renovables para mantener tantas subvenciones encubiertas. La tarifa de la luz se sigue rigiendo por un criterio político y ese es el origen de todos los problemas energéticos.

Esta forma de actuar acrecienta la inseguridad jurídica en todas las actividades energéticas. Si los cambios regulatorios se hacen con ese nivel de arbitrariedad y con tanta frecuencia en tan poco tiempo, nadie puede estar seguro de sucesivos cambios en el futuro. Un buen ejemplo está sucediendo estos mismos días con los biocarburantes: en el mismo periodo de tiempo el Gobierno ha pasado de defender la industria nacional de biocarburantes a arruinarla poniendo la protección a los consumidores como justificación. ¿Dónde quedan las duras críticas a Argentina y la defensa de la seguridad jurídica para las empresas españolas? O las críticas del Ministro Soria a las petroleras por sus elevados márgenes. Pueden estar tranquilas las petroleras porque queda poco tiempo para que pasen las elecciones gallegas y, además, el Gobierno ha decidido suprimir los organismos reguladores, como la CNE y la CNC, que tantos quebraderos les están dando.

La razón verdadera no es la defensa del consumidor sino la defensa de un mercado energético sin transparencia ni competencia porque es el instrumento necesario para optimizar los beneficios. Para ello se siguen utilizando mecanismos del pasado: mantener el método de conformación de precios de la energía, incremento injustificado de los costes regulados, destrucción del sector renovable y anulación de todas las políticas de ahorro y eficiencia energética para mantener el más elevado grado de importaciones de gas y de petróleo.

La Fundación Renovables recuerda una vez más que dentro de la crisis económica se está gestando otra crisis energética cuyos elementos, paradójicamente, se han descrito en el preámbulo del RDL 13/2012 y que definen los impactos que para la economía española representa el elevado grado de dependencia de las importaciones de combustibles fósiles. Si se saben las causas no hay razón para insistir en el error de mantener el actual modelo energético, ni para mantener las subvenciones al consumo de combustibles fósiles, ni para utilizar las renovables como cortina de humo, ni para engañar a los consumidores reiteradamente.