Varios activistas de Greenpeace han obligado a un pesquero de
arrastre a regresar al puerto de Tarragona esta mañana en una acción
pacífica que tenía por objetivo pedir la prohibición de este tipo de
capturas. La organización ha querido así poner de manifiesto el daño que
causa esta técnica, no solo en el litoral catalán, sino en todo el
Mediterráneo y el resto de mares y océanos.
Los miembros de la organización, a bordo de dos lanchas neumáticas,
han rodeado el buque a la vez que algunos activistas se han metido en el
agua para impedir su avance a lo largo de una operación que ha durado
dos horas. Los ecologistas, que llevaban pancartas con leyendas como:
“Arrastre = Destrucción” y “El arrastre no es sostenible”, han intentado
ponerse en contacto con la embarcación vía radio, pero no han obtenido
respuesta y el pesquero ha optado por volver a puerto.
Greenpeace ha reivindicado con esta acción que se prohíba esta clase
de captura “por la destrucción que provoca en los ecosistemas marinos y
por el futuro de la pesca artesanal”, aseguran. Pese a representar solo
el 27,7% de la pesca mundial, la organización denuncia que el arrastre
“ocasiona graves impactos que perjudican a todo el sector”, destruye los
fondos marinos y provoca numerosos descartes de especies.
Según los ecologistas, este tipo de práctica puede capturar hasta 50
especies, de las cuales cerca de la mitad son devueltas al mar medio
moribundas por falta de interés económico. También, denuncian, ejerce
una “gran presión” sobre especies sobreexplotadas como la merluza y la
sardina. La responsable de océanos de Greenpeace, Celia Ojeda, ha
señalado que “existen indicios que apuntan a que muchos motores de estos
barcos tienen una potencia mayor a la permitida lo que, unido a la
inexistencia de un control efectivo de las profundidades a las que
operan, supone una combinación letal para nuestros mares”.
La protesta es una demanda directa a La Generalitat y al Gobierno
para que retiren la protección sobre esta práctica y para que la pesca
sostenible tenga prioridad en el acceso a los recursos, algo que, según
Ojeda, “el Gobierno español no ha defendido”. Como solución, Greenpeace
reclama más apoyo a la pesca artesanal sostenible, la cual no está
siendo apoyada en Europa ni por el Gobierno ni por la Generalitat. La
práctica, con un impacto mucho menor, representa el 80% de las
pesquerías españolas y el 52,8% de las catalanas. La Generalitat no se
ha pronunciado al respecto.
“El océano nos pertenece a todos, los pescadores solo tienen una
concesión para aprovechar sus recursos a través de la pesca, por tanto,
ya que todos tenemos una parte del océano, demandamos que se gestione de
manera sostenible para que haya recursos hoy y para las generaciones
futuras”, ha concluido Ojeda.
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