El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, anunció ayer
que el Gobierno catalán llevará ante la Comisión Europea el plan
hidrológico que el pasado jueves aprobó el Consejo del Agua de la Cuenca
Hidrológica del Ebro (CHE). Vila quiso matizar que este paso solo se
daría en caso de que el nuevo plan sea aprobado por real decreto.
Y va camino de eso. El comité de autoridades competentes de la CHE
dio su visto bueno al plan. Ahora el texto pasará al Ministerio de
Agricultura, que a su vez lo trasladará al Consejo Nacional del Agua.
Por último, el ministerio trasladará el documento al Consejo de
Ministros para su aprobación definitiva.
Vila alertó también de que el plan de gestión, que garantiza un
caudal mínimo de 3.010 hectómetros cúbicos en la desembocadura del río,
“pone en peligro la viabilidad del Delta del Ebro”. El Ejecutivo catalán
rechazó el pasado jueves el texto al considerar “insuficiente” este
caudal y exige que se eleven hasta los 7.000 hectómetros cúbicos por año
en tiempos de sequía y 12.000 en los húmedos.
Sin embargo, en
2001 un gobierno de CiU —entonces apoyado por los votos del PP— se
pronunció a favor del Plan Hidrológico Nacional (PHN) propuesto por los
populares. Aparte del polémico trasvase de agua a zonas secas del Mediterráneo,
aquel texto garantizaba un caudal mínimo de 3.156 hectómetros cúbicos,
prácticamente el mismo que el firmado anteayer y contra el que tan
enérgicamente se ha manifestado el Ejecutivo de CiU.
En las tierras del Ebro, las heridas abiertas en 2001 por el PHN,
nunca se han cerrado. El principal proyecto de este plan era el trasvase
del Ebro para transferir agua a Castellón, Valencia, Murcia, Almería,
Alicante o Barcelona. Entonces el balear Jaume Matas era ministro de
Medio Ambiente y Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, como en
la actualidad. El texto preveía trasvasar de las aguas del Bajo Ebro
1.050 hectómetros cúbicos al año, de los que 190 se emplearían en
Cataluña y el resto viajarían hasta el sur. El 45% del agua trasvasada
se destinaría al abastecimiento de la población, mientras que el 55%
restante acabaría en cultivos de regadío ya existentes, según
contemplaba el polémico proyecto en junio de 2003.
Aquella decisión de CiU tuvo consecuencias electorales. Más de una
década después y con circunstancias políticas diametralmente opuestas,
CiU no quiere repetir este escenario. “Quedamos muy escaldados con el
tema del PHN”, argumentó el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs,
ya en febrero de 2012. “Volver al PHN trasvasando agua del Ebro en este
momento es una auténtica animalada”, declaró por su parte el presidente
del Gobierno catalán, Artur Mas, en las mismas fechas.
La Generalitat, junto a grupos ecologistas, fueron los únicos
miembros del Consejo del Agua que votaron anteayer en contra del nuevo
plan. Otros representantes catalanes en el organismo como los regantes
que se aprovechan del canal del Segarra-Garrigues o el Ayuntamiento de
Lleida votaron a favor.
Àngel Ros, alcalde de Lleida, aseguró ayer que su prioridad es
“defender el sector agrícola y los regadíos en Cataluña”. “No podemos
olvidar el primer sector económico de la zona y la agricultura funciona
con agua”, apostilló el edil socialista.
La polémica que rodea cualquier decisión que toma la CHE para la
gestión del Ebro es habitual. El Consejo del Agua tiene 98 votos, que se
distribuyen entre el Gobierno central (15); las comunidades autónomas
de Aragón (12), Cataluña (6), Navarra (4), La Rioja (4), Castilla y León
(2), País Vasco (2), Cantabria (2), Castilla-La Mancha (1) y Valencia
(1); entidades locales (3), a usuarios (32), asociaciones agrarias (2),
ecologistas (2) y agentes sociales (2).
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