Frederic Ximeno hace un balance en Inspira de la cumbre Río+20.
ECOticias.

En el año 1972 en Estocolmo, las Naciones Unidas establecieron
que el derecho a un medio ambiente digno es un principio básico de la
organización. Se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA). La crisis del petróleo y una guerra fría
de la que aún no se vislumbraba el final, no ayudaron a impulsar los
innovadores planteamientos de aquella cumbre. Pero un grupo de gente se
puso a trabajar, a pensar, a recoger y a mostrar las evidencias de la
relación entre el medio ambiente y la salud, la economía, el desarrollo y
la equidad.
En 1992 la segunda Cumbre de la Tierra en Río tomaba un carácter muy
diferente. El Muro de Berlín ha caído, Estados Unidos y la Unión Europea
(UE) se sienten fuertes. Se impulsa una carta de principios y se firman
las convenciones para hacer frente a tres problemas globales: el cambio
climático, la biodiversidad y la desertificación. Se intenta promover
un nuevo plan de acción, la Agenda 21, y se pone el foco en los bosques.
No se concreta mucho, pero se inician espacios de trabajo y de
movilización de recursos económicos.
Tirando del hilo de Río, los gobiernos locales, sobre todo en Europa,
ordenan sus políticas ambientales. La UE crea un extenso corpus
jurídico en la materia. Una joven y ambiciosa ministra de Medio
Ambiente, Angela Merkel, impulsa el Protocolo de Kyoto, insuficiente
pero primer paso concertado internacionalmente para hacer frente al
cambio climático. En cuanto a la biodiversidad, hemos tenido que esperar
hasta el año pasado, pero tenemos el Protocolo de Nagoya.
En 2012 el mundo ha cambiado. Europa, motor de la incorporación del medio ambiente en la lógica económica, está en la UCI.
Los Estados Unidos ya no ven su supremacía como el orden natural de las
cosas. Los países emergentes, liderados por China, tienen expectativas
que no quieren ver condicionadas. La globalización de la economía ha
puesto a los estados a la defensiva. Mientras tanto, las organizaciones
multilaterales (ONU, Banco Mundial, Comisión Europea…)
impulsan un vínculo mayor de economía y medio ambiente, y conectan con
un sector creciente de la sociedad civil (50.000 personas asistieron a
Río+20), gobiernos locales y subestatales, empresas, sindicatos…
En Río+20 se proponen dos temas centrales: la economía verde y una gobernanza global para el medio ambiente.
También se ponen otras cuestiones ambientales sobre la mesa: empleo
verde, acceso universal a energía más eficiente y más limpia, ciudades
sostenibles, seguridad alimentaria, acceso al agua y gestión sostenible
de los océanos.
Finalmente, en Río en 2012 se ha acabado firmando un acuerdo débil.
La declaración de Río+20, “El futuro que queremos” es un documento de
283 párrafos en que sale 147 veces el verbo reconocer, 49 alentar, 35
urgir y 33 entender. Por suerte, también se usa 59 veces el verbo
reafirmar (nada de lo que está en marcha se detiene).La acción de
comprometerse ya es más escasa, 24 ocasiones. Y resolver, lo que se
entiende por tomar decisiones, 16 veces.
Son pocos compromisos dada la situación crítica de muchos
vectores ambientales, la necesidad urgente de erradicar la pobreza, la
inequidad de género, la creciente crisis de acceso a los recursos, o las
externalidades ambientales del modelo energético y de consumo.
Una nueva muestra de la falta de liderazgo de los estados. La
fotografía de Copenhague (nunca hecha pública, me parece) y la de Río+20
se convertirán en un excelente recordatorio de los rostros de los que
fueron incapaces de asumir los retos del siglo, los que afectan a la
salud, la supervivencia y la dignidad.
La declaración de Río+20 deja sólo una letra pequeña
realmente interesante para estirar: la definición para el 2015 de
objetivos específicos de desarrollo sostenible que, con la revisión de los Objetivos del Milenio, deberán ser aprobados por la 67ª Asamblea General.
En el encuentro abierto del consejo ejecutivo de las Naciones Unidas,
con todos los secretarios ejecutivos y directores de agencias y
programas, incluido el director del levemente reforzado Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), están muy convencidos de estirar este hilo. Las ONG
han anunciado que plantearán objetivos ambiciosos y movilizaciones. Los
gobiernos locales y subestatales lo harán trabajando en red.
Las empresas también ven que esto no va, porque sus clientes son los
ciudadanos. Se han organizado y se ven reconocidas en el documento, así
como la idea de una economía verde equitativa y sostenible.
La corriente profunda a nivel local, subnacional y social está
consolidada, por ello salen tantas veces citados en la declaración.
Junto a las negociaciones oficiales, farragosas y prudentes, el Consejo
Internacional de Gobiernos Locales lanza una iniciativa muy ambiciosa
para impulsar las ciudades resilientes y eficientes. Lo hizo también el
C-40, una asociación de grandes ciudades presidida por el alcalde de
Nueva York. Los partenariados público-privados exploran vías para
desarrollar proyectos (la Carbon War Room, un centro de inversiones para
proyectos para hacer frente al cambio climático impulsado por Richard
Branson) ha firmado acuerdos con emprendedores por valor de 1.000
millones de dólares, los gobiernos subnacionales acuerdan actuaciones
con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Y así cientos de ejemplos.
El presidente de Corea del Sur dijo en el plenario que el acuerdo era
débil, pero no afectaba a la decisión de su modelo de desarrollo basado
en la economía verde y de bajas emisiones de carbono. Muchos de los que han firmado el acuerdo de mínimos de Río+20 están dispuestos a ir más allá. La Unión Europea es uno.
Río+20 no es una oportunidad perdida para la sostenibilidad (también
inevitable, como dijo Hillary Clinton) sino para los líderes que
estuvieron presentes. En Río+20 encontré, fuera del plenario, más determinación que decepción.
◊ Frederic Ximeno es Director de Desarrollo de Negocio de Estudi Ramon Folch i Associats, S.L. (ERF).
Biólogo y urbanista de formación, su labor profesional, desarrollada en
la empresa privada y en la administración pública, se ha centrado en la
planificación ambiental, climática, territorial y urbanística y en la
definición de estrategias de desarrollo local, regional y nacional desde
la perspectiva sostenibilista. En el ámbito privado la ha desarrollado
en ERF (2003-2006), en GFE-SOCINTEC
(1997-2003) y en CEP-Centro de Estudios de Planificación (1993-1997). En
la esfera pública, como Director General de Políticas Ambientales y
Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la
Generalitat de Cataluña (2006-2011).
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