El Gobierno ha aceptado hoy la petición de la mayoría de los grupos parlamentarios de tramitar como proyecto de ley el real decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños de los incendios forestales, convalidado hoy en el Pleno del Congreso.
Ello no impide que los beneficiarios del decreto ley -publicado
en el BOE el 8 de septiembre y que entró en vigor al día siguiente-
puedan seguir solicitando las ayudas previstas.
Durante sus
intervenciones, Izquierda Plural, CiU, UPyD, Esquerra Republicana (Grupo
Mixto) y PSOE han demandado dicha tramitación por entender que la norma
contiene errores, es mejorable y excluye a posibles damnificados.
El
ministro del Interior, Jorge Fernández, ha expresado la disposición del
Gobierno a aceptar la demanda y, al término de la sesión, el Pleno del
Congreso ha dado su respaldo unánime (325 votos a favor y ninguna
abstención ni voto negativo) a la misma.
La aplicación del real
decreto se extenderá de junio a noviembre, fecha en la que acaba la
campaña de incendios e incluye los daños causados por el fuego y por
desastres naturales como las tormentas, ha dicho Fernández, acompañado
en el hemiciclo por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete.
Además, será su departamento el
responsable de determinar los núcleos o zonas afectadas que puedan
acogerse a las ayudas del decreto-ley, que recoge la posibilidad de
requerir los servicios de personas que estén percibiendo una prestación
de desempleo.
Entre otras medidas, la norma recoge desde
exenciones fiscales a ayudas en materia de vivienda e indemnizaciones a
explotaciones agrícolas o ganaderas.
En su intervención, la
diputada Ana Oramas (Coalición Canaria) ha criticado que el Gobierno
"una vez más" no haya tenido en cuenta la "singular estructura
territorial" del archipiélago, lo que -ha dicho- hace inaplicable el
decreto hoy convalidado.
Desde Esquerra, Teresa Jordá ha
solicitado la puesta en marcha de una línea de ayuda para las políticas
de prevención y gestión forestal y, en la misma línea, Maite Aríztequi
(Amaiur) ha dicho que la clave no es dar ayudas puntuales sino
establecer una política forestal.
El diputado de UPyD, Toni Cantó,
ha señalado que la redacción actual deja fuera a posibles beneficiarios
y ha calificado de "muy revelador" que sea el ministro del Interior
quien presente la iniciativa.
"Saca a la luz" -ha dicho- la visión del PP en materia de incendios: extinción y castigo, en lugar de prevención.
Laia
Ortiz (Izquierda Plural) ha considerado que el contenido del texto es
limitado porque excluye a posibles damnificados, y el diputado de
Equo-Compromís, Joan Baldoví, ha pedido la inclusión de los agricultores
valencianos afectados por severas heladas en febrero.
Por último,
Marc Solsona (CiU) ha dicho que el decreto contiene medidas
restrictivas y el socialista José Luis Ábalos ha criticado el ámbito de
aplicación temporal del decreto, porque deja fuera a los incendios
"madrugadores" y a los tardíos. EFE
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