La construcción de un vertedero industrial en Seròs (Segrià), a 26
kilómetros de Lleida, ha desatado la polémica en muchos municipios del
sur de la comarca. Seròs ha dado el visto bueno pero las poblaciones
vecinas rechazan masivamente el proyecto. Argumentan que la proximidad
de la infraestructura les perjudicará y no les reportará beneficios. El
depósito se levantará a 11 kilómetros del núcleo urbano de Seròs, de
unos 1.900 habitantes, y bastante cerca de Maials o Almatret.
En el consejo de alcaldes del Segrià, que tuvo lugar ayer en Lleida,
se respiraba tensión. En el orden del día: propuestas de actuación tras
la aprobación la semana pasada de la licencia ambiental por parte de la
Generalitat al proyecto del polémico depósito. El consejo acordó
finalmente llevar el caso ante el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. Presentará un recurso contencioso administrativo, decisión
que refleja el rechazo político y social unánime del territorio. En la
votación se abstuvieron cuatro municipios (Almenar, els Alamús, Lleida y
Massalcoreig).
“Los productos almacenados en el valle apestarán”, argumentó David
Masot (CiU), alcalde de Maials, uno de los municipios detractores.
“Además, si hay tormenta, el agua arrastrará los productos tóxicos hasta
la presa de los sistemas de riego”, continuó. La empresa privada
promotora de la planta, Dipòsits Controlats de Catalunya (DCC), descarta
esta posibilidad. “Solo recibiremos residuos industriales no
peligrosos”, argumentó Martí Solé, director del negocio.
Por su parte, el alcalde de Seròs, Gabriel Pena (ERC), no entiende
las quejas de los otros consistorios y, menos aún, “tras el informe de
la Generalitat en el que se descartan los riesgos medioambientales”. El
único edil defensor de la planta cree que los recursos contra el
depósito no prosperarán ya que “cumple con todos los requisitos
legales”, aunque denunció que el gobierno convergente tiene intención de
retardar el proceso de construcción. “La mayoría de municipios que
están en contra son de su color político”, apuntó el alcalde
republicano.
La Generalitat ya anunció la semana pasada que autorizará la
infraestructura pero con una condición: conocer el proyecto ejecutivo de
las instalaciones, que tendrá que recibir el visto bueno de la
dirección general de Calidad Ambiental. “Es una garantía adicional de
seguridad tras las alegaciones de vecinos, regantes, cooperativas y
ecologistas”, explicó el delegado de la Generalitat en Lleida, Ramon
Farré.
“El depósito perjudicará la agricultura con denominación de origen y
las iniciativas para atraer turistas”, se quejó el presidente del
Consell Comarcal del Segrià, Pau Cabré. La licencia ambiental es una de
las dos autorizaciones que la Generalitat tiene que emitir para que el
proyecto sea una realidad. El siguiente paso es que la comisión de
Urbanismo de Lleida dé su visto bueno.
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