El fallo que rechazó el megaproyecto Castilla no sólo ha generado
críticas y preocupación empresarial. También ha llevado al Ejecutivo a
una completa y exhaustiva revisión de leyes, reglamentos, decretos y
ordenanzas medioambientales a objeto de introducir cambios que otorguen
mayor certeza jurídica, dijeron altas fuentes de La Moneda.
Tras un primer análisis, esta semana los ministros de la Secretaría
General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y de Medio Ambiente,
María Ignacia Benítez, recibirán de sus asesores una serie de propuestas
de cambios. La intención es proponer las modificaciones en un plazo
cercano a un mes.
Una de las transformaciones en estudio consiste en entregar al
Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) la facultad de determinar si una
actividad industrial es contaminante, molesta o inofensiva, la que hoy
está radicada en las secretarías ministeriales de Salud. El cambio
requeriría cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción
(Oguc). Según una fuente, traspasar la definición de este tipo de
aspectos al SEA radicará las discusiones futuras en los nuevos
tribunales medioambientales, restringiendo con ello el tipo de recursos
que puedan llegar a la Corte Suprema.
En el caso de Castilla, la Suprema cuestionó que una Seremi de Salud
haya calificado como molesto el proyecto, revirtiendo una decisión
anterior que lo había considerado contaminante.
En círculos de gobierno dicen que la revisión considera todo tipo de
documentos: desde reglamentos sanitarios hasta la nueva ley que se
propone para regular el borde costero. También se evalúa una Ley de
Ordenamiento Territorial que entregue a las regiones la obligación de
definir las zonas del territorio donde se pueden instalar industrias.
Esta iniciativa, sin embargo, no genera consenso en el Ejecutivo, aunque
ha ganado terreno tras el caso Castilla. E independiente de la ley, por
ahora se está trabajando en un catastro meramente informativo, sin
carácter vinculante, que precise zonas susceptibles de instalar
proyectos.
Corte Suprema
La decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que el 28 de
agosto rechazó el proyecto termoeléctrico controlado en 75% por la
brasileña de Eike Batista, MPX, y en 25% por la alemana E.On, fue
criticada por la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez (ver
nota secundaria), en intervenciones que fueron autorizadas por el
gobierno a efectos de manifestar el malestar del Ejecutivo.
Las palabras de Benítez imputando errores en el fallo de la Suprema
molestaron al máximo tribunal del país. Los magistrados, reunidos ayer
en sesión de Pleno Ordinario, discutieron los dichos de la ministra.
Trascendió que habría sido el mismo presidente del máximo tribunal,
Rubén Ballesteros, quien habría solicitado en la mañana de ayer analizar
las declaraciones. Sin embargo, no se alcanzó el quórum de 11 ministros
para redactar una declaración y se convocó para hoy a una sesión
extraordinaria con ese fin.
“Es preocupante, porque se inició ya una conversación y va a
obtenerse alguna decisión”, dijo el vocero titular de la Corte Suprema,
Hugo Dolmestch, a la salida de la reunión. En ese sentido, aseguró que
la determinación de la Tercera Sala había sido la correcta, ya que fue
resuelta en consideración del recurso de protección previamente
interpuesto. “Las acciones tienen todas un procedimiento y tienen todas
una competencia, y esto se resolvió por la vía del recurso de
protección, de tal forma que esto está perfectamente bien”, apuntó.
Fuentes cercanas a tribunales dijeron que existe molestia entre los
magistrados e indicaron que este tipo de reacciones por parte de los
jueces sólo se registran en pocas ocasiones. Cuando existen críticas,
son respondidas por el vocero del máximo tribunal o su presidente, y
sólo cuando el tema genera preocupación entre los magistrados se decide
responder en conjunto.
El diputado del PS Alfonso de Urresti señaló que la ministra había
sobrepasado sus atribuciones al opinar sobre un fallo de un poder del
Estado que es independiente, y pidió citar a Benítez a la comisión del
ramo en la Cámara de Diputados.
Quien respondió fue el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Aseguró a 24 horas
que “los fallos son piezas jurídicas obligatorias para los ciudadanos,
pero son perfectamente opinables y comentables por un ministro de
Estado, siempre bajo la premisa del respeto”.
“La intromisión se daría en una hipótesis distinta, si la causa
estuviera abierta. Pero este es un fallo que se encuentra ejecutoriado,
es una ministra que lo ha hecho con respeto”, aseguró el Vicepresidente
de la República.
La última palabra
Los expertos coinciden en que las autoridades pueden opinar, pero con
mesura. El constitucionalista Patricio Zapata dijo que “todas las
personas tienen derecho a una opinión sobre las decisiones de los
tribunales de justicia”. Sin embargo, agregó que “tratándose de los
titulares de los otros poderes del Estado, es importante que ese derecho
se ejerza con prudencia, de manera de no configurarse algún tipo de
presión indebida”.
Por su lado, Julián López, penalista y socio de Harasic & López,
apuntó que “como principio, en materia de resolución de conflictos, la
última palabra les corresponde a los jueces y hay que respetar que esa
es la última palabra. Siempre cabe la posibilidad de criticar las
resoluciones de los jueces, pero cuando un poder del Estado interfiere
en las atribuciones de otro, me parece que entramos en terrenos
sumamente riesgosos”.
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