El Ministerio de Medio Ambiente estudia prohibir el bunkering
en el Estrecho, una polémica actividad denunciada desde hace años por
los ecologistas en la que gasolineras flotantes gibraltareñas trasvasan
combustible barato y que produce vertidos frecuentes. Hasta diciembre
pasado, una de las empresas que compraba a esas gasolineras era Petrolífera Ducar,
con sede en Ceuta, de la que era presidente Miguel Arias Cañete. Los
ecologistas y el PSOE denuncian el conflicto de intereses del ministro
de Medio Ambiente, que no quiso comentar su actividad.
Cañete presidió hasta el pasado 22 de diciembre la empresa Ducar, de
la que posee 85.349 participaciones, valoradas en 165.120 euros, según
su declaración de bienes presentada en el Congreso. A eso hay que sumar
las de su esposa y las de su cuñado, Miguel Domecq Solís, que le
sustituyó como presidente. Para hablar con la empresa hay que llamar a
la sede de Arias y Domecq en Madrid, la empresa de la familia.
Hasta diciembre, Ducar tenía como principal actividad el bunkering.
“Ducar compraba a gasolineras flotantes de las aguas que Gibraltar
considera suyas y luego lo revendía en Ceuta con un buen margen”,
explica Antonio Muñoz, responsable de Ecologistas en Acción-Verdemar,
una ONG que lleva años denunciando esa práctica por contaminante.
Comprar con garantías a la refinería de Cepsa en Algeciras es más caro
que hacerlo a las gasolineras flotantes de Gibraltar, cuenta Muñoz.
Ahora, como medida de presión contra Gibraltar, el Gobierno planea
designar una Zona de Especial Protección ambiental y prohibir el bunkering.
Un portavoz de Ducar afirma por correo electrónico que en 2011 la
empresa trasvasó 52.121 toneladas de gasóleo y 238.681 de fuel, pero
añade: “Desde finales del año 2011 dejamos de ejercer la actividad de bunkering
concentrándonos en la logística y almacenamiento de productos
petrolíferos”. Es decir, al ser nombrado ministro de Medio Ambiente,
Arias Cañete no solo dejó la presidencia sino que la firma asegura que
abandonó el bunkering.
Muñoz explica el proceso: “Un petrolero del Báltico trae el
combustible a las tres gasolineras flotantes que hay en aguas de
Gibraltar. De ahí, barcos de medio tonelaje lo reparten, entre ellos a
Ducar”. Verdemar asegura que Ducar compraba principalmente a la empresa
gibraltareña de bunkering Vemaoil, cuya gasolinera flotante se
llama Vemaspirit. Ya en Ceuta, y mediante gabarras o desde el puerto,
Ducar lo vendía a los buques que atraviesan el Estrecho. El buque
Vemaoil XXI va aún cada dos semanas a las instalaciones de Ducar, según
la Autoridad Portuaria de Ceuta.
Un responsable de Vemaoil no quiso comentar sus negocios con Ducar.
“Pregúntele a Cañete”, fue su única e irónica respuesta. El ministro se
negó el jueves a contestar a las preguntas de este diario. Un portavoz
afirmó que dará las explicaciones en sede parlamentaria.
No tardará demasiado, porque el PSOE ha pedido su comparecencia en el
Congreso. Miguel Ángel Heredia, diputado del PSOE por Málaga, explica:
“Es uno más de los conflictos de intereses que hay en el Gobierno, que
se une a los de Morenés, Guindos. Estaría bien que aclarasen las
compatibilidades. Si toda la vida ha estado relacionado con el bunkering no casa mucho que ahora sea ministro de Medio Ambiente y diga que es una actividad contaminante”.
Muñoz añade: “Cañete habla de que va a defender los intereses de los
pescadores españoles en Gibraltar, pero él ha sido el primero en
beneficiarse y lucrarse con las empresas contaminantes de Gibraltar”.
Este ecologista recuerda viajes a la comisión de peticiones del
Parlamento Europeo con Luis de Grandes y otros cargos del PP que le
apoyaban contra esta práctica, mientras la realizaba la empresa del
luego ministro de Medio Ambiente.
No es la primera vez que Cañete es acusado de conflicto de intereses.
El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra afirmó que Medio
Ambiente vetó la refinería proyectada en Badajoz por los intereses
petroleros del ministro. Cañete replicó airado que Ibarra no tenía ni
idea de derecho y que la resolución negativa la había firmado el
secretario de Estado, no él.
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