El incendio que la semana pasada arrasó alrededor de 1.200 hectáreas
en Robledo de Chavela y Valdemaqueda, con viviendas construidas hace
décadas al libre albedrío, en zonas de difícil acceso para desesperación
de los bomberos y retenes forestales, ha abierto un frente inesperado
para el Gobierno regional. Con el ejemplo de la sierra oeste de Madrid
todavía candente, los partidos de la oposición y otras instituciones
entienden que la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, que a falta de
ser aprobada permitirá construir a partir de más de seis hectáreas en
suelo rural que no esté protegido ambientalmente, multiplica el peligro
de siniestros similares en el futuro.
“Además de aumentar exponencialmente el riesgo de incendios
forestales en la interfaz urbano-forestal que se crease, introduce de
forma masiva el riesgo sobre las personas que dificulta y limita
extraordinariamente los trabajos de extinción”, recoge el colegio de
Ingenieros de Montes en sus alegaciones a la normativa. Dentro del mismo
Ejecutivo de la Comunidad de Madrid empiezan a proliferar quienes
comparten la tesis.
“Hay que tener en cuenta que cuando se extingue un incendio forestal
se lleva a cabo con arreglo a prioridades, la primera de las cuales es
salvar vidas humanas. A tal fin se tienen localizados los núcleos
habitados, que se incrementarán de tal modo si se aprueba este proyecto
de Ley que la actuación de extinción con estas viviendas dispersas por
el monte se hará verdaderamente complicada. Con toda certeza, para
salvar vidas humanas se perderá un importante patrimonio forestal”,
insiste el documento, firmado por el decano del colegio de ingenieros,
Carlos del Álamo a fecha 21 de junio. “Entiendo que cuando se conceda la
licencia pertinente estará prevista la conservación del entorno,
incluido el riesgo de incendio, en el informe técnico pertinente”,
apuntaba ayer Del Álamo.
“Quien más cuida el monte es quien más vive en él. Además, ¿por qué
se da por supuesto que el acceso a estas residencias sería más
difícil?”, replican desde la consejería de Medio Ambiente. Su titular,
Ana Isabel Mariño, aseguró en el pleno monográfico de la Asamblea de
Madrid del pasado 25 de julio que la nueva ley servirá “para detectar
acciones ilegales y prevenir los incendios forestales”. “Un factor clave
para la detección temprana de los incendios, como para extinguirlos y
evitar su propagación es la presencia urbana. Esta ley recoge el
espíritu de estas recomendaciones”, argumentó entonces Mariño. “Y unos
huevos, la dispersión de casas por el monte nos lo va a poner muy feo...
Aquí la gente no tiene la cultura del campo que en el Norte, a ver
cuántos urbanitas van a limpiar los rastrojos y los restos que
provoquen”, reflexiona un bombero que ha participado en las tareas de
extinción de Robledo y Valdemaqueda. “Resulta ciertamente iluso pensar
que por permitir el uso residencial del monte el residente va
convertirse en un agente activo de su cuidado”, es el pensamiento de los
ingenieros de montes.
“Es un disparate que supondrá un coste para la prevención altísimo...
¡Pero si va en contra de la Ley de Montes estatal”, critica el diputado
socialista Antonio Fernández Gordillo. “Cuanto más dispersas las
construcciones, mayor peligro de no atajar los incendios”, apostilla
Carmen Villares, diputada de IU. “Un rescate en viviendas dispersas hace
imposible seguir el protocolo de los retenes de extinción de
incendios”, zanja Gabriel López, de UPyD.
No hay comentarios:
Publicar un comentario