Según ha
informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel
Ángel Vázquez, el recurso de la Junta ante el Tribunal Constitucional
(TC) se dirigirá contra la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética
ECOticias.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado
este martes interponer recurso de inconstitucionalidad contra tres
normas del Gobierno de la Nación que considera un "ataque" al sector de
las energías renovables con especial incidencia en la comunidad
autónoma, entre ellas la suspensión de incentivos económicos a nuevas
instalaciones que ha "deja en el aire" una inversión cercana a los
12.000 millones de euros y la creación de 40.000 empleos en Andalucía.
Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo
andaluz, Miguel Ángel Vázquez, el recurso de la Junta ante el Tribunal
Constitucional (TC) se dirigirá contra la Ley 15/2012 de medidas
fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013
de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y
el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para
empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (que
incluye disposiciones relativas al sector energético) por considerar que
vulnera los artículos 9.3 y 86 de la Constitución.
Se trata del quinto recurso promovido en lo que va de legislatura
por el Ejecutivo andaluz ante el TC contra decisiones del Gobierno de
la Nación.
La Junta ya ha llevado ante el alto tribunal el Real Decreto-Ley
de medidas urgentes en materia sanitaria, el Real Decreto-Ley de medidas
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo,
la nueva regulación estatal de horarios y rebajas comerciales y la Ley
de Tasas Judiciales que entró en vigor el pasado mes de diciembre.
Según Vázquez, el "ataque constante" del Gobierno de Mariano Rajoy
al sector de las energías renovables desde su llegada a la Moncloa
tiene una
"especial incidencia" en Andalucía que se materializa en cuestiones
como la "suspensión de incentivos económicos a nuevas instalaciones, que
dejan en el aire una inversión de casi 12.000 millones de euros y
40.000 empleos en Andalucía".
Asimismo, el portavoz ha aludido al hecho de que el consejero de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, haya intentado
exponerle la posición de la Junta al ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, "que ha hecho oídos sordos a la petición de
diálogo".
Por su parte, la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz,
ha manifestado que la Junta mantiene la lealtad institucional, pero
también mantiene con firmeza la defensa de los intereses de los
andaluces, y, lamentablemente, en el último año ha habido "muchas
sombras y pocas luces".
Ha querido dejar claro que cada vez que una decisión del Gobierno
vaya contra los intereses de Andalucía, el Ejecutivo autonómico se
opondrá con firmeza, mientras que siempre que sea necesaria la
colaboración y la cooperación institucional de esta comunidad para
reforzar la situación que está atravesando España, "nosotros estaremos
al lado del Gobierno en la defensa de los intereses de nuestro país".
En cualquier caso, ha agregado que la Junta espera un trato
equitativo del Gobierno central y que no haya agravios entre
territorios, y que incluso el Ejecutivo nacional se replantee la
decisión de gobernar a base de decretos, en un momento muy complicado
para miles de familias y cuando la brecha de la desigualdad se está
abriendo entre los ciudadanos.
CONTENIDO DEL RECURSO
Para la Junta, La Ley 15/2012, que crea nuevas figuras tributarias
y grava con un tipo único del 7 por ciento los ingresos por generación
eléctrica, afecta especialmente a las firmas del sector de las
renovables, que ahora suman esta penalización a la supresión de los
incentivos ya impuesta por el Gobierno central en enero del pasado año.
La Junta entiende que la creación del impuesto, que además podría
repercutir finalmente en el consumidor, no tiene en cuenta las
peculiaridades de un sector cuyos proyectos exigen un sobreesfuerzo
inversor y tecnológico, y sitúa su tasa de rentabilidad en valores que
impedirán a los promotores devolver la deuda financiera que asumieron en
un marco retributivo muy distinto al actual.
El Gobierno andaluz subraya que el nuevo tributo es contrario a
los principios de planificación energética estable fijados por la Unión
Europea y vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima. A su juicio, el cambio normativo por vía de urgencia crea una
situación de incertidumbre en el régimen jurídico del sector, así como
entre los operadores y los ciudadanos, mientras que, en cuanto a la
confianza legítima, el afán recaudatorio de la medida supone la quiebra
de las inversiones que las empresas realizaron al confiar en un marco
regulatorio estable.
Respecto al Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas
urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, la Junta
expone que sustituye el IPC, con el que anualmente se actualizaba la
retribución de los productores de energía eléctrica, por el IPC de
inflación subyacente, que no contabiliza alimentos no elaborados ni
productos energéticos y que suele ser más bajo (1,58 por ciento frente a
2,25 por ciento el pasado año).
Además, entiende que en sus tres primeros artículos y en su
disposición adicional única, esta norma suprime la libertad de elección
de las empresas relativa a la forma de retribuir la energía generada.
NO HAY EXTRAORDINARIA NI URGENTE NECESIDAD
Según la Junta, esta decisión no responde a la "extraordinaria y
urgente necesidad" que el artículo 86 de la Constitución Española exige
para utilizar la figura del Real Decreto-Ley. Asimismo, señala que
tanto el cambio del sistema de retribuciones desde el 1 de enero de
2013 como su aplicación retroactiva a las instalaciones que han estado
operando hasta la entrada en vigor de la norma vulneran los principios
de seguridad jurídica y de irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras y restrictivas de derecho.
La tercera de las normas que se recurrirán, el Real Decreto-Ley
29/2012, según expone la Junta, exige con efectos retroactivos nuevos
criterios a proyectos que se han sometido a una tramitación distinta
para ser autorizados e inscritos en el registro administrativo de
instalaciones de producción de régimen especial. Esta medida, recogida
en el artículo 8, también contraviene tanto los principios de seguridad
jurídica e irretroactividad como el principio constitucional de
extraordinaria y urgente necesidad.
A juicio del Gobierno andaluz, el objetivo de paliar el déficit
tarifario es una situación mantenida en el tiempo, por lo que no
concurre la condición de inmediatez exigida para la utilización del Real
Decreto-Ley.
El portavoz del Gobierno andaluz ha manifestado que el recurso
autorizado este martes se apoya tanto en el diagnóstico del sistema
energético andaluz como en la opinión de los representantes del sector
de las renovables, estratégico para el desarrollo de la comunidad
autónoma.
El Gobierno andaluz subraya que las medidas impuestas en las
nuevas normas estatales se trasladarán a los mercados eléctrico y
gasista, con un incremento de los precios resultantes que
inevitablemente repercutirá en la factura que pagan los ciudadanos.
A juicio de la Junta, las principales actividades perjudicadas
serán las de la energía termosolar, que concentra en Andalucía el 61 por
ciento de la potencia total instalada de España, y la biomasa, en la
que también es líder.
No hay comentarios:
Publicar un comentario