El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una norma que modifica la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que afectará a 6.100 industrias, y que persigue eliminar trabas burocráticas y ampliar las limitaciones de contaminación al suelo y subsuelo.
Se trata de una modificación obligada por una directiva
comunitaria que ha sido respaldada por el PP, UPyD, y UPN, y ha contado
con la abstención del resto de los grupos, que han visto rechazadas gran
parte de su medio centenar de enmiendas.
Con esta norma, que será remitida al Senado, el Ejecutivo trata de simplificar los procedimientos administrativos.
Así,
ha suprimido la necesidad de aportar documentos en los procedimientos
de revisión y actualización de la autorización, cuando ya hubiesen sido
facilitados con motivo de la solicitud de autorización original.
Otra
medida de simplificación administrativa es la supresión del deber de
renovación de la autorización. Ahora será el órgano ambiental
competente, mediante un procedimiento simplificado, el que garantizará
la adecuación de la autorización.
La nueva regulación, según el
Gobierno, es "más garantista" en la protección frente a la
contaminación, ya que no se limitará sólo a la atmósfera y al agua sino
también al suelo y al subsuelo, es decir, a las aguas subterráneas.
Los grupos políticos
El
diputado del Grupo Popular, Manuel Mora ha resumido que de las 53
enmiendas presentadas al texto, su grupo ha aceptado tres y ha
transaccionado ocho, casi todas ellas de carácter técnico, y el resto,
ha dicho, no han sido aceptadas porque están incluidas en el proyecto o
porque no dan pie por la directiva a ser aceptadas.
Por su parte,
Patricia Hernández (PSOE) ha reprochado la tardanza, el "insuficiente
contenido" de la memoria económica y la tramitación apresurada, y ha
considerado que el proyecto es "cicatero" porque no promueve la
participación.
Andoni Agirretxea (PNV) ha señalado que su grupo
difiere en cuanto a la organización competencial y distribución de
funciones, y ha añadido que no entendía por qué el PP no ha aceptado la
mayoría de sus enmiendas que son técnicas y no políticas.
En
nombre de Izquierda Plural, la diputada Laia Ortiz, ha considerado que
no es una norma exigente, que le falta ambición y que hay un peligro de
privatización del control medioambiental.
Martí Barberá (CIU) ha
calificado la modificación como importante, y ha criticado que no se
haya incluido la eficiencia energética para las solicitudes de impacto
medio ambientales. EFEverde
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