Las organizaciones Ecologistas en Acción, WWF y Equo han advertido de la "posible ilegalidad" de permitir el almacenaje de gas en el subsuelo de Doñana, tras conocer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable que el Gobierno ha dado al proyecto de Petroleum Oil & Gas España en Almonte (Huelva).
En declaraciones a Efe, el portavoz de Ecologistas en Acción en
el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha indicado que el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Doñana "prohíbe" ese
tipo de actividades a menos que sean proyectos de "interés nacional"
algo que considera "no es el caso" ya que "hay otros lugares en los que
se puede desarrollar esta actividad".
Tras recordar que este
asunto fue rechazado por los grupos ecologistas en la Comisión
Permanente del Consejo de noviembre de 2011, Romero ha insistido en que
el subsuelo de este espacio natural no se puede convertir en "un almacén
de gas natural" y ha indicado que la aprobación de este proyecto supone
"una vulneración a la ley de Espacios Protegidos".
"Doñana es
espacio protegido y patrimonio de la humanidad, es decir de todos, por
tanto el interés mercantilista no puede prevalecer por encima del
general", ha indicado Romero quien ha anunciado que llevará este asunto
ante la Unión Europea.
WWF
Por su parte, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha indicado que para esta organización, desde el principio, el proyecto plantea "serias dudas jurídicas" puesto que para que la zona se convierta en un almacén subterráneo de gas hay que cambiar el uso del terreno, y "se tendría que haber estudiado al estar ubicado en una zona de máxima protección en Doñana".
Por su parte, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha indicado que para esta organización, desde el principio, el proyecto plantea "serias dudas jurídicas" puesto que para que la zona se convierta en un almacén subterráneo de gas hay que cambiar el uso del terreno, y "se tendría que haber estudiado al estar ubicado en una zona de máxima protección en Doñana".
Entiende que
la compañía va a ocupar ese terreno público "ahorrándose los costes de
construcción de unas instalaciones en superficie", y para ello es
necesario exigir medidas compensatorias adecuadas, como que compre
fincas privadas en el entorno de Doñana de interés para el Espacio
Natural y las ponga al servicio público.
WWF también ha mostrado
su preocupación por el impacto que pueda tener el proyecto en el
acuífero 27, que surte de agua a Doñana, pues "aunque desde la compañía
se asegure que no la hay existen ejemplos como el caso de mina Cobre las
Cruces en los que el modelo falla y se producen perjuicios".
EQUO
El grupo ecologista Equo ha expresado
también su oposición al proyecto porque la construcción de siete nuevos
pozos y 24,5 kilómetros de gasoductos "es incompatible con la máxima
protección nacional y europea de Doñana y provocará afección al acuífero
del que depende todo el ecosistema marismeño".
En un comunicado
indica que afectará a muchas especies amenazadas, incluido el endémico
lince ibérico que encuentra justamente en la zona afectada una de sus
principales áreas de dispersión.
Los pozos, dicen, "tienen
necesariamente que atravesar el acuífero para acceder a los yacimientos
de gas (a unos 1.000 metros de profundidad) con el riesgo que supone de
contaminación, dado que la perforación se realiza con un fluido
compuesto por agua a presión y productos químicos".
Muestra su
preocupación por la futura utilización del yacimiento para
almacenamiento subterráneo de gas, que supondría una afección permanente
del Espacio Natural.
Según María Merello, coportavoz de Equo
Andalucía, esta posibilidad coincide con el creciente interés de las
compañías por la extracción de gas por el método de fractura hidráulica
(fracking), lo que les hace sospechar de la conexión de unos proyectos
con otros.
"Son demasiadas coincidencias" que la concesionaria sea
una filial de Gas Natural Fenosa, de cuyo consejo de administración
forma parte el expresidente Felipe González, que recientemente dimitió
como presidente del Consejo de Participación de Doñana.
Equo ha
anunciado también que elevara una pregunta a la Comisión Europea porque
afecta directamente a la Red Natura 2000. EFEverde
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