Zoido y los basureros de Sevilla se acusan de avivar el conflicto laboral

Los trabajadores de Lipasam, la empresa de recogida de basura y limpieza viaria de Sevilla, cumplieron este martes su segunda jornada de huelga. El paro volvió a ser secundado por el 100% de la plantilla no adscrita a los servicios mínimos, lo que dejó sin recoger más de dos tercios de las alrededor de 800 toneladas de residuos que se recogen en la capital un día laborable. El alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), pidió “sensatez y cordura” y aseguró estar abierto al diálogo, pero simultáneamente lanzó sobre los trabajadores unas acusaciones de “sabotaje” que han encendido los ánimos de la plantilla.

 “Quiero rechazar algunos actos vandálicos que se han venido produciendo. Sabotaje en algunos camiones, así como vuelcos en los contenedores e incendios en algunos de ellos”, señaló Zoido desde Madrid. Sus declaraciones se unieron al acta difundida por el gobierno municipal sobre las incidencias de la huelga en la madrugada del martes. El listado recoge contenedores volcados o incendiados, papeleras tiradas en la vía pública y “numerosas” averías de camiones de Lipasam. Los vehículos que circularon de madrugada para cubrir los servicios mínimos (del 30%) tuvieron que ir escoltados por la Policía Local, aseguró el gobierno municipal.

Los representantes de los trabajadores negaron cualquier vinculación con estos actos vandálicos y denunciaron una “guerra de desprestigio” por parte del Ayuntamiento. Centenares de empleados se concentraron al mediodía a las puertas del Ayuntamiento, ante cuya fachada se acumulaban restos de papeles y cartones que llevados de contenedores próximos para la protesta.

El Ayuntamiento y los trabajadores solo coinciden en un dato: los servicios mínimos se están cumpliendo. Con todo, Lipasam solicitó ayer a la Junta de Andalucía un aumento de estos servicios en los talleres, donde los dos empleados que trabajan en la huelga no dan abasto para solucionar las averías que están sufriendo los vehículos lo que, según la empresa, disminuye la eficacia de los servicios mínimos.