Anne Larson, investigadora del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y galardonada el año 2012 con el Premio en Memoria de Ostrom por la investigación más innovadora
Barbara Fraser
Aunque los pueblos indígenas en América Latina han ganado
derechos sobre sus tierras tradicionales, una serie de obstáculos, que
van desde legislación poco clara hasta actores influyentes arraigados
en el sistema, les han impedido participar en la gobernanza de sus
recursos naturales, asegura un nuevo estudio.
Anne Larson, investigadora del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR)
y galardonada el año 2012 con el Premio en Memoria de Ostrom por la
investigación más innovadora del año, ha pasado los últimos seis años
estudiando casos en el noreste de Nicaragua.
La Región Autónoma del Atlántico Norte, un área que abarca 19
territorios indígenas con líderes elegidos, se creó a finales de la
década de los ochenta para permitir la participación de la población
local en la toma de decisiones. Esto proporcionó un nivel adicional de
control a un sistema que ya incluía gobiernos nacionales y municipales.
Sin embargo, esto no resultó en una toma de decisiones más efectiva o democrática.
En realidad, el gobierno nacional siguió teniendo el control de facto.
El cambio decisivo se produjo cuando Awas Tingni, una comunidad
indígena sumo-mayangna, presentó su caso ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos debido a que el gobierno nacional había otorgado una
concesión forestal a una empresa extranjera en sus tierras sin contar
con su consentimiento. En un caso sin precedentes en 2001, la corte
exigió que el gobierno reconociera los derechos indígenas sobre sus
tierras. Poco tiempo después, Nicaragua aprobó la Ley del Régimen de
Propiedad Comunal, que reconoce este hecho oficialmente y demanda la
demarcación y titulación de tierras.
Sin embargo, la ley no resolvió automáticamente los problemas clave
que aquejan a las comunidades, en especial aquellos relacionados con la
colonización de sus tierras por terceros, la formación de territorios,
la elección de representantes y la autoridad sobre los recursos
naturales.
“Los derechos indígenas a la tierra están siendo reconocidos en parte
debido a que importantes movimientos nacionales e internacionales han
luchado por obtenerlos y también debido a que aquellos interesados en
obtener acceso a los recursos que se encuentran en esas tierras están
encontrando otras vías para obtenerlos”, dijo Larson.
En Nicaragua y en otros países, los territorios indígenas con
frecuencia se superponen con los límites de los municipios. Esto puede
generar conflicto en casos donde tanto las autoridades indígenas locales
como los funcionarios municipales reclaman jurisdicción. Para
complicar las cosas aun más, el gobierno nacional podría mostrarse
reacio a otorgarle el poder a la población local de tomar decisiones
referidas a los recursos naturales, incluso cuando la ley exige el
consentimiento previo, libre e informado.
Como resultado, la población todavía carece de capacidad real para
tomar decisiones, según Larson. Más bien, otros actores con más poder
sacan ventaja de las ambigüedades legales y la dejan al margen de la
toma de decisiones.
Su investigación, Decentralisation
and devolution in Nicaragua’s North Atlantic autonomous region:
Natural resources and indigenous peoples’ rights,
(Descentralización y devolución en la Región Autónoma del Atlántico
Norte: recursos naturales y derechos indígenas), publicada en el International Journal of the Commons,
muestra que las leyes que establecen gobiernos de múltiples niveles no
necesariamente permiten que las comunidades indígenas manejen mejor
sus recursos naturales.
“La única solución práctica es inclinar la balanza del poder
empoderando a los actores locales – mediante intervenciones específicas
para educar, organizar y facilitar su capacidad de generar un cambio en
la manera en que se toman las decisiones”, escribe Larson.
“Las personas necesitan entender sus derechos y luchar por ellos y
exigir rendición de cuentas y representación no solo de las autoridades
sino también de sus propios líderes”, dijo.
“Necesitamos repensar formas para manejar el desarrollo comunitario,
enfatizando la identidad y las relaciones interculturales”, sostuvo
Jadder Mendoza-Lewis, coautor del documento y antiguo director del
Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la Universidad de la Regiones Autónomas de la Costa Caribe de
Nicaragua (URACCAN), quien es nativo de esa región.
“Es importante que entablemos un diálogo más profundo y diseñemos
mecanismos que aseguren que los gobiernos comunales y territoriales sean
democráticos, transparentes e inclusivos”, dijo Mendoza-Lewis.
Las reformas legales también pueden ayudar a crear un proceso que les
permita a las comunidades otorgar el consentimiento libre, previo e
informado sobre las concesiones y otros usos de los recursos en sus
tierras y que especifique cómo las comunidades van a ejercer sus
derechos y aclare la relación entre los municipios y los territorios.
Según Larson, estos pasos podrían ayudar a “nivelar el campo de juego” e
incentivar un diálogo con las comunidades y empoderar a los líderes
locales, ayudándolos a comprender sus territorios y capacitándolos en
técnicas de negociación.
“Las dinámicas se refieren en parte a los recursos naturales porque
representan la principal fuente de empleo y desarrollo, pero las
estructuras de gobernanza y las razones por las que la gente actúa en
forma conjunta tienen que ver más con lo que ellas quieren para su
futuro, no se trata solo de los recursos naturales”, explicó.
Larson espera poder comparar la experiencia de Nicaragua y sus
regiones autónomas con otros sistemas que gobiernan los territorios
indígenas en otras partes de América Latina.
El Premio Ostrom es otorgado en memoria de Elinor Ostrom, quien
recibió el Premio Nobel en Economía en 2009 y era conocida por sus
estudios del manejo de los recursos comunes.
Michael Schoon, uno de los editores del International Journal of the Commons,
dijo que el trabajo de Larson y Mendoza-Lewis destacó por la manera
interesante y innovadora en la que los autores habían conceptualizado el
problema de las relaciones de poder en la teoría de la
descentralización.
La publicación es parte del Programa de Investigación del CGIAR
“Bosques, Arboles y Agroforestería” y contó con el apoyo financiero de
la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI por sus siglas en
inglés) y la Fundación Ford.
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