En concreto,
el Pleno del Congreso ha ratificado este jueves las enmiendas
procedentes del Senado (dos de CiU de carácter técnico), con el apoyo
mayoritario del PP.
ECOticias.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde
definitiva este jueves al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que
incluye los acuerdos del Memorandum del Tajo que regulan el trasvase
Tajo-Segura, acorta los plazos para obtener una declaración de impacto
ambiental (actualmente puede prolongarse más de diez años), o obliga a
las prácticas de fracking a someterse a una evaluación de impacto
ambiental.
En concreto, el Pleno del Congreso ha ratificado este jueves las
enmiendas procedentes del Senado (dos de CiU de carácter técnico), con
el apoyo mayoritario del PP. Esta ley entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que será
previsiblemente en los próximos días.
Durante toda su tramitación parlamentaria, tanto diputados
como senadores de la oposición han criticado que la normativa se haya
tramitado por el procedimiento de urgencia, en un momento en el que se
está modificando la directiva europea de Evaluación Ambiental, lo que
obligará al Gobierno a modificar la nueva ley en el plazo de dos años.
Además, han rechazado la falta de rigurosidad en las evaluaciones
de impacto ambiental que propone la nueva ley, en aras de favorecer,
simplificar y agilizar los procedimientos, algo que puede conllevar
beneficios para intereses económicos.
Entre las principales críticas los grupos han incidido en la
inclusión del trasvase del Tajo-Segura en la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental, sin que figure en el plan hidrológico de la cuenca
del Tajo, ni se haya podido someter a informe de distintas entidades del
Estado.
MEMORANDUM DEL TAJO
El texto recoge el Memorandum del Tajo por el que "en función de
las existencias conjuntas" en Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía
(Cuenca), a principios de cada mes se decidirán trasvases con un máximo
anual total de hasta 650 hectómetros cúbicos (hm3) en cada año
hidrológico.
De este modo, los volúmenes de agua determinantes de la regla de
explotación del trasvase Tajo-Segura se actualizarán por medio de
decreto, con el objetivo de adecuar "de forma flexible" las magnitudes a
las variaciones hidrológicas observadas en los últimos años y contar
con instrumentos "ágiles" para adaptarse a los posibles efectos de
alteración hidrológica, como los inducidos por el cambio climático.
En cuanto a la incorporación del trasvase, según consta en el
proyecto de Ley, se introducen modificaciones relativas a los trasvases
intercuencas en general y, en particular al funcionamiento del trasvase
Tajo-Segura.
El objetivo, según el preámbulo de la norma es otorgar seguridad
jurídica al sistema general y establecer un mecanismo de seguridad y
estabilidad técnica al ordenar al Gobierno la actualización mediante
real decreto de las magnitudes determinantes de la regla de explotación
del trasvase.
La Ley de Evaluación Ambiental pretende a su vez acortar los
plazos para obtener una declaración de impacto ambiental que, en la
actualidad se puede demorar hasta diez años. Así, establece plazos
máximos para la evaluación estratégica ordinaria, cuyo plazo será de 22
meses prorrogable dos meses más por razones justificadas debidamente
motivadas.
Para la evaluación ambiental estratégica simplificada, el plazo
máximo será de cuatro meses; la evaluación de impacto ambiental
ordinaria se tramitará en cuatro meses, prorrogable por dos meses más
por razones justificadas debidamente motivadas, mientras que la
evaluación de impacto ambiental simplificada tendrá una tramitación de
tres meses.
Además, incorpora como novedad la creación de los bancos de
conservación de hábitat, un nuevo mecanismo voluntario que
permite compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores
naturales. Así, los créditos generados en los bancos de conservación de
la naturaleza serán inscritos en un registro oficial dependiente del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y podrán ser
comercializados en condiciones de libre mercado.
EL CAMBIO CLIMÁTICO EN CONSIDERACIÓN
Por su parte, Manuel Luis Torres, del PP, ha resaltado que con
esta normativa se va a tomar en consideración el cambio climático en las
evaluaciones ambientales, se va a sancionar el bunkering, o se va a
reforzar la regulación para los efectos de algunos proyectos que pueden
afectar al suelo como los estudios sísmicos.
En materia de agua, ha destacado que este proyecto de Ley aporta
estabilidad al trasvase Tajo-Segura, que tendrá rango de ley al
incorporarse en este proyecto, donde se plasman los contenidos
esenciales del acuerdo, en lo que se refiere a las garantías de las
cuencas cedentes, la eliminación de las discrecionalidades y
arbitrariedades en las actuaciones en las cuencas receptoras.
"Con este pacto entre la comunidades autónomas de las cuencas del
Tajo, Júcar y Segura, el ministro de Medio Ambiente nos ha demostrado
que con buena voluntad entre todas las partes los acuerdos son
posibles", ha afirmado.
El portavoz de Medio Ambiente del PSOE, José Luis Ábalos, ha
asegurado que el Gobierno lleva la "foto" del trasvase Tajo-Segura a
rango de ley y ha asegurado que esto representa el "consenso entre
compañeros de partido" y no entre comunidades autónomas. Asimismo, ha
señalado que esta normativa no atiende a "ninguna" directiva o
legislación europea. "Ministro, como aspira a ser comisario (europeo),
ya resolverá esta chapuza", ha ironizado este diputado dirigiéndose a
Cañete.
Para la diputada de IU, Laia Ortiz esta normativa, "hecha por la
puerta de atrás", empezó siendo una ley de impacto ambiental y, sin
embargo, "va a acabar siendo la ley de los trasvases". A su juicio, no
sirve para mejorar la protección del medio ambiente, reduce la capacidad
de decidir de la ciudadanía, está "llena de lagunas" y pone en práctica
la "errónea" afirmación de que "el medio ambiente no puede ser un
lastre para la economía".
Durante el debate de esta ley este jueves, PP y CiU han coincidido
a la hora de solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que convoque un
grupo de trabajo abierto a todas las comunidades autónomas y a los
sectores implicados para que estudie y formule propuestas sobre el
desarrollo reglamentario de los bancos de conservación.
A su vez, piden que el reglamento que desarrolle la institución de
los bancos de conservación deberá promover que las medias
compensatorias se vinculen con prioridad al territorio en el que se
ejecute el proyecto.
Igualmente, han suscrito que durante el desarrollo reglamentario
de esta ley, las declaraciones de impacto ambiental deberán poder
contemplar medidas preventivas, correctoras y compensaciones que actúen
sobre el factor ambiental impactado, procurando que se pueda beneficiar
en primer término el territorio en donde se ejecute el proyecto.
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