El secretario
de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha asegurado que la fijación de los
nuevos estándares de retribución a las energías renovables va a salir
adelante a pesar de la suspensión de la contratación con las consultoras
ECOticias.
Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energías
Renovables, reclama al Gobierno, al Ministro Soria y al Secretario de
Estado de Energía, Alberto Nadal, diálogo constructivo con el sector fotovoltaico para evitar la ruina de 55.000 familias españolas a las que se les ha cambiado de manera drástica y retroactiva las condiciones que acordaron con el Estado español para la producción de energía solar fotovoltaica.
El
secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha asegurado que la
fijación de los nuevos estándares de retribución a las energías
renovables va a salir adelante a pesar de la suspensión de la
contratación con las consultoras y no descarta que en algún momento del
proceso el Gobierno recurra a otras firmas privadas. Desde Anpier no
se entiende que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en un
escenario presupuestario tan restrictivo, destine fondos a consultoras
externas, pudiendo contar con la asistencia del propio equipo
técnico ministerial, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía (IDAE), la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y
de las asociaciones profesionales y empresariales del sector renovable.
Sobre todo si, como ha reconocido el propio Secretario de Estado, este
tipo de asesoramiento "no es imprescindible", sino un "apoyo".
Anpier considera que estimar lo perfectamente medible y verificable es una medida absolutamente arbitraria e injusta,
en especial cuando se trata de calcular las inversiones, impulsadas por
el propio Estado, que hace unos pocos años realizaron 55.000 familias
españolas, que todavía conservan sus facturas. En esta línea, Anpier ha
entregado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las facturas
originales de 2.000 instalaciones fotovoltaicas, más del 5% del parque
nacional, para que la Administración pueda conocer, con absoluta
fidelidad, el coste real que supusieron dichas inversiones en las
diversas modalidades tecnológicas y temporales, así como los costes
anuales de mantenimiento. De estos datos se han derivado datos
absolutamente preocupantes, como los elevados tipos de interés
que soportan la mayoría de las instalaciones, superiores al 5%, puesto
que tuvieron que refinanciarse para soportar los recortes anteriores,
unos costes financieros que el Ministerio se niega a contemplar y que
hacen inviables las instalaciones.
Anpier recuerda, por otra parte, que en enero de 2012, el ministro de
Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, criticó el recorte
retroactivo de las primas a los productores fotovoltaicos impulsado vía
Decretos Leyes por su predecesor socialista en el cargo, Miguel
Sebastián y, preguntado por los recortes durante el acto de traspaso de
cartera ministerial, declaro que «nunca es recomendable cambiar a mitad
del partido las reglas del juego»; en este mismo sentido, el Secretario
de Estado de Energía, Alberto Nadal, el pasado mes de julio, se
lamentaba de que hasta ahora bastara un Decreto o una Orden Ministerial
para regular el sector eléctrico porque “una orden ministerial o un real
decreto sobre materia energética mueve miles de millones de Euros y los
mueve con un nivel de control inferior a cualquier otra partida”. Sin
embargo, tanto el Ministro como su Secretario de Estado han impulsado un
cambio retroactivo radical del marco regulatorio del sector renovable
español a golpe de Real Decreto Ley y Orden Ministerial.
Todas las fuerzas parlamentarias de la oposición han salido en
defensa del colectivo de familias productoras de energía solar
fotovoltaica, y se han posicionado en contra de la reforma, como la
propia Comisión Nacional de Energía, la Unión Europea, la Comisión
Nacional de la Competencia, el Consejo de Estado y las diversas
comunidades autónomas que han interpuesto recursos de
inconstitucionalidad, entre las que figuran varias comunidades con
gobiernos conservadores, como son los casos de Murcia, Extremadura,
Galicia y Navarra.
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