El operador de plataformas petroleras Transocean ha
acordado pagar 1.400 millones de dólares (1.073 millones de euros) para
resolver los cargos presentados por el Gobierno de Estados Unidos tras
el enorme derrame de petróleo en un pozo de BP en el Golfo de México en
2010.
El acuerdo, dado a conocer por el Departamento de
Justicia, incluye 1.000 millones de dólares en multas civiles y 400
millones en sanciones penales.
La compañía ha separado 1.950 millones de dólares en
potenciales pérdidas relacionadas con el derrame del pozo Macondo,
incluidos 1.500 millones de dólares por su acuerdo anticipado con el
Departamento de Justicia.
Aún está pendiente un acuerdo con la comisión de
demandantes que representa a más de 100.000 individuos y dueños de
negocios que reclaman daños y perjuicios económicos y médicos por el
derrame.
La analista de UBS Angie Sedita dijo que el coste final
que deberá pagar Transocean por el derrame en Macondo podría alcanzar
los 4.000 millones de dólares, incluyendo un acuerdo con los demandantes
que podría tardar "años en resolverse".
El año pasado, BP alcanzó un acuerdo estimado en 7.800
millones de dólares para liquidar su deuda con los demandantes.
Las acciones de Transocean subieron un 6,4 por ciento, a 49,21 dólares, el jueves en la bolsa de Nueva York.
"El punto importante para mí es que ahora pueden alejar
la gran nube negra que había sobre ellos", dijo Phil Weiss, analista
del sector petrolero en Argus. "Tomo esto como algo positivo, incluso
pese a que la cifra es un poco más alta que la que yo esperaba", agregó.
Barclays Capital dijo que el acuerdo era menor a su
estimación de 2.500 millones de dólares y que creía que la claridad
resultante conduciría a una "significativa recalibración de la
valoración" para la compañía.
Barclays observó que, entre los contratistas de
Macondo, Halliburton seguía siendo el único que no había llegado a una
resolución con el Gobierno.
No hubo un portavoz de Transocean disponible para hacer
comentarios sobre las obligaciones pendientes en torno al derrame de
Macondo.
En un comunicado, la compañía dijo que el acuerdo
excluía otras posibles reclamaciones asociadas, pero aclaró que un
tribunal determinó que Transocean no era responsable de los daños
submarinos derivados del derrame.
Transocean, con sede en Suiza, era dueña de la
plataforma Deepwater Horizon que estaba llevando a cabo una perforación
cuando un repentino escape de gas metano generó una explosión el 20 de
abril de 2010.
UN PASO MAS CERCA
La explosión causó 11 muertos y produjo uno de los
peores desastres medioambientales en la historia de Estados Unidos.
"Esta resolución de acusaciones criminales y demandas
civiles contra Transocean nos deja un gran paso más cerca de la justicia
por la devastación humana, ambiental y económica generada por el
desastre de Deepwater Horizon", dijo en un comunicado el Fiscal General
de Estados Unidos, Eric Holder.
El desastre dio lugar durante varios meses a una
prohibición de la perforación en aguas profundas y a un intenso
escrutinio de las actividades en el mar continental, que está
floreciendo nuevamente a pesar de las persistentes preocupaciones
públicas.
De los 400 millones de dólares de multas, 150 millones
de dólares serán destinados a restaurar y conservar el entorno marino
del Golfo de México, mientras que otros 150 millones se usarán para
financiar los esfuerzos de prevención y respuesta a los derrames de
petróleo en el Golfo.
BP y Transocean tenían "múltiples deficiencias en el
sistema de gestión de seguridad que contribuyeron al incidente de
Macondo", y ninguna de las compañías contaba con reglas de seguridad
adecuadas, de acuerdo a un informe de julio de 2012 de la Junta de
Seguridad Química de Estados Unidos.
Transocean y BP disentían acerca de cuál de ellas
estaba a cargo de interpretar lo que se conoce como prueba de presión
negativa, que podría haber alertado a los trabajadores sobre la
inestabilidad del pozo petrolero.
El Departamento de Justicia dijo que al aceptar
declararse culpable de violar la Ley de Aguas Limpias, Transocean
admitía que los miembros de su tripulación, actuando bajo la dirección
de BP, fueron negligentes al no lograr investigar por completo los
indicios de que el pozo Macondo no era seguro.
En noviembre, BP llegó a un acuerdo con el gobierno de
Estados Unidos por 4.500 millones de dólares, incluida la mayor multa
criminal de la historia, 1.256 millones de dólares. La empresa petrolera
con sede en Londres también acordó declararse culpable del delito de
obstrucción al Congreso.
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