En la nómina
de las instalaciones no aparece ninguna de origen extracomunitario, a
pesar de que, tras las denuncias presentadas por Argentina ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC)
ECOticias.
En la nómina de las instalaciones no aparece ninguna de origen
extracomunitario, a pesar de que, tras las denuncias presentadas por
Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Gobierno
permitió su inclusión en la orden de febrero que regula el nuevo sistema
de asignación de cuotas.
De hecho, de las 35 instalaciones que, pese a haber entregado toda
la información, se han quedado sin cuotas figuran seis plantas
argentinas, así como cuatro indonesias y dos malayas, según consta en el
BOE de este miércoles. Hay además siete instalaciones españolas.
La lista de plantas que sí han resultado adjudicatarias consta de
42 empresas, de las que 27 son españolas, cinco alemanas, cinco
italianas, dos británicas, una portuguesa, una letona y una holandesa.
La de Infinita Renovables, en Castellón, y la de Bio-Oils, en Huelva,
reciben las mayores cantidades, con 600.000 y 500.000 toneladas,
respectivamente.
Las cantidades consignadas por Industria limitan a un máximo de
5,5 millones de toneladas la producción de biodiésel de estas plantas.
La asignación es por dos años, pero puede prorrogarse por otros dos.
En la resolución, el departamento dirigido por José Manuel Soria
indica que durante el proceso de asignación se recibieron 47 escritos de
alegaciones, entre ellos algunos en relación con una posible
vulneración del artículo 14 de la Constitución, al considerarse que
existe una discriminación contradictoria con las políticas de impulso de
la inversión extranjera.
Industria contesta a esta alegación asegurando que, "al contrario,
el procedimiento de asignación se ha desarrollado respetando los
principios de objetividad, transparencia y no discriminación". Además,
recuerda que la norma "pretende contribuir a la seguridad de
abastecimiento energético, acrecentar la independencia energética y
reducir el coste de las importaciones de petróleo".
POLÉMICA CON ARGENTINA.
El 20 de abril del año pasado, apenas cuatro días después de que
Crsitina Fernández de Kirchner anunciara la expropiación a Repsol de un
51% de YPF, el Gobierno aprobó una orden ministerial de asignación de
cuotas de biodiésel que restringía las importaciones argentinas y que
fue interpretada como una represalia contra la nacionalización.
No obstante, seis meses después, y sin que se publicase la
convocatoria de cuotas que habría puesto en marcha el proceso, el
Gobierno corrigió la orden anterior e introdujo unos nuevos términos que
permiten la participación de plantas no solo de España y de la Unión
Europea, sino de cualquier ubicación geográfica, incluidas las de
Argentina e Indonesia.
Tras el cambio en la orden ministerial, el Gobierno argentino
publicó un comunicado en el que consideraba que España había respondido a
"su exigencia" y, de esta forma, evitaba un arbitraje internacional y
una "condena" ante la OMC.
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