América
del Sur se enfrenta a un nuevo dilema: impulsar su economía con la
promesa de reducir la desigualdad, a cambio de costos sociales y
ambientales que ya pasan factura.
ECOticias.
De granero del mundo, en el siglo pasado, a gran cantero de megaproyectos internacionales de infraestructura, energía y minería, América del Sur se enfrenta a un nuevo dilema: impulsar su economía con la promesa de reducir la desigualdad, a cambio de costos sociales y ambientales que ya pasan factura.
El viejo modelo desarrollista se repite. América del Sur creció y con
ello sus demandas de energía, puentes, carreteras, insumos de minería.
Pero también las de otros países emergentes del Sur que hoy ven en
esta región la nueva frontera de materias primas estratégicas.
La
explosión de megaproyectos se repite en la región: puertos,
carreteras, autopistas e hidrovías, negocios de minería, agroindustria y
metalúrgica. Con financiamiento público y privado, en especial del
Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el proceso es protagonizado
también por las nuevas grandes transnacionales de la región, como la
brasileña Odebrecht.
En la Amazonia brasileña, el megaproyecto más emblemático y polémico
se encuentra también en Pará: la central hidroeléctrica de Belo Monte,
que inundará 516 kilómetros cuadrados de selva y obligará a desplazarse
a más de 16.000 personas. La hidroeléctrica en el río Xingú tendrá una
capacidad de generación de 11.233 megavatios y es considerada esencial
por el gobierno para el suministro eléctrico.
La ampliación del puerto de Vila do Conde, en el municipio paraense
de Barcarena, servirá para mejorar la entrada y salida de aluminio y sus
materias primas y la exportación de granos que llegan desde el centro
de Brasil. Pero desplazará algunos barrios ribereños.
Resistencias similares generaron dos grandes obras en Chile. El
proyecto HidroAysén, en la austral Patagonia chilena, se conforma de
cinco grandes centrales hidroeléctricas, que implican dañar el área de
más biodiversidad de ese país. La extensa línea de transmisión requerida
para satisfacer la demanda minera en el norte, de 2.000 kilómetros,
atravesará ocho regiones, pero en ninguna entregará electricidad. La
obra está en suspenso por demandas judiciales.
Más al norte, la mina binacional de oro y plata Pascua Lama, de la
canadiense Barrick Gold, se emplaza en la cordillera de los Andes, entre
Chile y Argentina. Reiteradas denuncias sobre contaminación de agua y
destrucción de dos glaciares terminaron en abril con la decisión
judicial de suspender temporalmente su construcción. La empresa acaba de
anunciar que, por problemas económicos vinculados a la cotización del
oro, ha resuelto poner alto a la obra.
En la región amazónica boliviana del río Beni, los pueblos indígenas
esperan información sobre los impactos de la construcción del proyecto
hidroeléctrico de Cachuela Esperanza, con una capacidad de 990
megavatios y un costo de 2.000 millones de dólares, para exportar
electricidad a Brasil. Ambientalistas advierten que provocará un
desequilibrio en la naturaleza por la inundación de unos 1.000
kilómetros cuadrados de tierras habitadas actualmente.
En Colombia, la construcción de un complejo de túneles en el Alto de
La Línea, en plena Cordillera Central, genera otro tipo de polémica.
Los túneles son fundamentales para habilitar la conexión carretera
este-oeste, desde Venezuela, pasando por Bogotá y terminando en
Buenaventura, único puerto colombiano en el océano Pacífico. Se trata de
la columna vertebral del comercio internacional colombiano y una vía
clave para la salida de Venezuela al Pacífico.
Para el ingeniero forestal Paulo Barreto, del instituto brasileño
Imazon, lo que está en cuestión es “el costo verdadero de estas obras”:
los ambientales, como la agravación del cambio climático, los
socioeconómicos, como la concentración de la propiedad agraria, y los
problemas sociales en las nuevas áreas urbanizadas.
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