La ministra ecuatoriana de Medio Ambiente, Lorena
Tapia, denunció hoy la "campaña sucia" contra el Gobierno de su país
iniciada por la petrolera estadounidense Chevron, que pretende con
"mentiras" exigir a Quito que asuma la indemnización por el desastre
ecológico en la Amazonía.
En una entrevista con Efe, la titular de Medio Ambiente aseguró que
"Ecuador quiere llegar hasta las últimas consecuencias" en el proceso
abierto por Chevron y destacó que figuras de todo el mundo apoyan al
país andino y están visitando el pozo de petróleo que operó la empresa
hasta 1990 para comprobar los daños.
Según explicó Tapia, presente en la conferencia del Clima de Naciones
Unidas que se celebra en Varsovia, existen 2 millones de hectáreas
seriamente afectadas por la "explotación petrolera irresponsable" de
Chevron-Texaco, con brea y residuos de crudo que testimonian el paso de
la petrolera estadounidense.
"Esa explotación se produjo cuando la normativa ambiental en Ecuador
era débil y no existía un Gobierno que defendiera los derechos de los
ecuatorianos", explicó.
La corte ecuatoriana ha declarado que Chevron ha de pagar 9.000
millones de dólares de indemnización, aunque la compañía petrolera
argumenta que en 1997 firmó con el Gobierno ecuatoriano un convenio
sobre protección de inversiones que pretende hacer retroactivo ante los
tribunales de Estados Unidos para obligar al Estado ecuatoriano a asumir
esa indemnización a las víctimas.
"Chevron ha mentido", señaló Tapia, quien destacó el "triunfo" que
supone que los tribunales estadounidenses hayan autorizado al país
latinoamericano el uso de documentación mantenido en reserva por la
petrolera.
"Además nos hemos visto obligados a intervenir porque Chevron ha
iniciado una campaña sucia contra el Gobierno de Ecuador,
desprestigiando nuestra imagen, diciendo que como Gobierno hemos
intervenido en el juicio. Esto ha hecho necesario defendernos y contarle
al mundo lo que ha pasado realmente", añadió.
Entre 1964 y 1990, Chevron-Texaco extrajo crudo en las actuales
regiones de Sucumbíos y Orellana, y Ecuador achaca a la empresa graves
daños medioambientales.
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