
Sin embargo, la ley aprobada en el Congreso, plantea algunas dudas que no han sido aclaradas y superadas. Por ejemplo, la propuesta establece que algunos Estudios de Impacto Ambiental podrán ser excluidos a propuesta de los sectores. El riesgo es que este artículo se convierta en una ventana abierta para que cada ministerio pueda solicitar la exclusión de algún EIA del ámbito de SENACE, por motivos que nunca faltarán, relegando los criterios de sostenibilidad ambiental.
Otros temas a considerar: el rol de los gobiernos regionales y locales en estos procesos de evaluación ambiental. ¿Se los va a seguir excluyendo de los procesos de toma de decisión sobre los proyectos que se implementan en las regiones? No hay que olvidar que el conflicto de Conga ha sido una muestra de la necesidad de involucrar previamente a los gobiernos regionales y de informar adecuadamente a las poblaciones.
Asimismo, una novedad importante es la implementación del mecanismo de ventanilla única, el cual ha funcionado en otros países del mundo en aras de promover la simplificación administrativa. Sin embargo, se espera que la búsqueda por simplificar los procedimientos administrativos no sacrifique la rigurosidad técnica que se requiere para una adecuada evaluación de los EIA.
Por otro lado, la creación del SENACE debe considerarse como una extraordinaria oportunidad para incluir a las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) como instrumentos que deben ser implementados y evaluados por este organismo. No hay que olvidar que los EIA son hoy en día insuficientes y se necesita instrumentos complementarios como los EAE para medir los impactos acumulativos de varios proyectos en una determinada zona.
Es el momento de comenzar a construir en el país un sistema de evaluación ambiental que recoja los mejores estándares globales. La creación del SENACE puede ser un primer paso que deberá complementarse con otras medidas que se han ofrecido y que hasta ahora se siguen haciendo esperar.
Las políticas públicas en materia ambiental deben respaldarse en normas eficientes que contribuyan a una verdadera estrategia de desarrollo sostenible y por supuesto a la reducción de la conflictividad social en el país.
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