Las fiscalías
de Medio Ambiente localizan anualmente entre 300 y 400 vertederos
irregulares en España, que surgen sobre todo en las zonas turísticas,
ante la falta de espacio para depositar los residuos que generan estas
áreas por el incremento de población que registran en el verano.
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo,
Antonio Vercher, en una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria sobre
la problemática de los residuos desde el punto de vista penal, ha
señalado que estos vertederos municipales se suelen eliminar, aunque con
frecuencia vuelven a surgir.
Según Vercher, los vertederos
situados en zonas próximas a bosques o arbolado constituyen un alto
riesgo porque pueden ser foco de incendios, como también lo son las
áreas recreativas peligrosas o las líneas eléctricas de alta tensión,
sobre las que también actúa la Fiscalía, que ha logrado reducir su
número.
En su conferencia, también se ha referido a las
investigaciones que mantiene abiertas la Fiscalía de Medio Ambiente por
el comercio fraudulento que se produce con los frigoríficos en desuso,
denunciado precisamente por las empresas creadas para su reciclaje ante
la falta de actividad que tienen porque estos aparatos no llegan a sus
plantas.
Así mismo, ha mencionado el comercio ilegal del gas R-22
y, en concreto, a la operación llevada a cabo en Canarias y Zaragoza,
aunque sobre esta no ha comentado nada más, al igual que sobre el resto
de investigaciones que mantiene abiertas la Fiscalía.
Vercher ha
destacado que el pasado año se dictaron en España 799 sentencias
condenatorias por delitos medioambientales y que algo más de 300 fueron
absolutorias, así como que se trata de una cuestión bastante "compleja" y
"dificultosa" en la que determinados procesos se alargan durante años
y, a veces, implican indemnizaciones millonarias que terminan pagando
los ciudadanos.
Sobre este punto, el fiscal ha citado como ejemplo
una explotación minera situada en Murcia, perteneciente a una empresa
francesa, que durante muchos años estuvo vertiendo residuos al mar y que
ahora se calcula que, para reparar el daño causado, se precisan 1.200
millones de euros, según el Ministerio de Medio Ambiente.
También
ha comentado lo ocurrido en Tarragona con una planta industrial junto a
un río, donde el daño causado se calcula en otros 255 millones de euros.
El
fiscal se ha referido a la falta de conciencia medioambiental que aún
impera en España, pese a los importantes pasos que se han dado en este
sentido.
En esa línea ha mencionado un estudio del Centro de
Investigaciones Sociológicas de 2010 que señala que la conciencia
ambiental de los españoles es de "boquilla", pues "es una moda" y además
produce "buena imagen" decir que se está comprometido con el medio
ambiente.
Para Vercher, es importante que se conozca que los
efectos que generan los residuos sobre el medio ambiente a largo plazo
pueden ser "extraordinariamente perturbables" y que cada vez hay más
población, más desechos y más problemas a la hora de abordarlos.
EFEverde
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