Polémica ley de suelos en Brasil cumple primer año con pocos avances y vacíos

El Código Forestal de Brasil, una polémica ley de suelos promulgada por la presidenta, Dilma Rousseff, enmedio de una fuerte y acalorada discusión política en el Congreso, que enfrenta todavía a ambientalistas y productores, cumplió un año con pocos avances y vacíos en su implementación. 

El pasado 25 de mayo, al cumplirse el primer aniversario de la ley, que tuvo varios puntos vetados por Rousseff, según la Organización No Gubernamental The Nature Conservancy (TNC), el país había perdido entre un 15 % y un 40 % de las áreas previstas como zonas de conservación obligatoria.
La especialista en derecho ambiental Fernanda Garofalo Meister, del bufete especializado Miguel Neto Advogados Associados, señaló en diálogo con Efe que el Registro Ambiental Rural (CAR, por sus siglas en portugués) es un "instrumento" que todavía necesita ser "más conocido y utilizado" por los productores rurales.
El CAR, uno de los pilares del nuevo código, consiste en un registro único para que las autoridades puedan monitorizar las zonas verdes de las propiedades rurales, mediante un control con tecnología satelital, y los productores puedan acceder a mejores líneas de crédito con reducción tributaria y mayores plazos.  

Desafíos del Gobierno

Uno de los desafíos del Gobierno brasileño frente a la ley es que en los próximos dos años se consiga la inscripción de 5,5 millones de propiedades en el CAR, de acuerdo con las previsiones del estudio elaborado por la ONG TNC. 
Garofalo Meister señaló que el registro, además de facilitar la fiscalización por parte del Gobierno, permite que los productores puedan comprar seguros a precios más baratos y que las áreas irregulares reciban programas de capacitación y tecnología para preservar la fauna y flora en peligro. 
"El CAR fue instituido para una fiscalización más eficaz, pero al mismo tiempo concede ventajas y estímulos para la adhesión más rápida de las propiedades al nuevo sistema", además de evitar multas por la no regularización de las tierras, explicó la especialista. 
El principal veto de Rousseff a la ley que había sido aprobada en el Congreso fue el de retirar del texto la flexibilización para la recuperación de áreas de preservación permanente en las riberas de los ríos. 
Rousseff devolvió al texto la disposición que obliga a los grandes propietarios reponer entre 5 y 100 metros de vegetación nativas de esas áreas de preservación permanente, dependiendo del tamaño de sus propiedades cruzadas por ríos.  La ley, que según los especialistas requiere de más reglamentaciones para asuntos específicos, otorgó esa especie de "amnistía" para los productores que ocuparon áreas de preservación hasta julio de 2008. 
Otros de los vetos de Rousseff al texto final fue el de prohibir que la reforestación se realice con especies frutales, como naranja y manzana, en vez de la vegetación natural. 
El Congreso había aprobado el proyecto de ley impulsado por grupos parlamentarios vinculados a grandes terratenientes y rechazado por los ecologistas, que lo interpretaban como un paso a una mayor actividad agropecuaria en zonas ya degradadas, como la Amazonía. 
La TNC advirtió que aunque se perdieron algunas áreas y la ley favoreció más a los productores, el nuevo código, a través del CAR, permite una mejor fiscalización.
Esta semana se reunieron en Sao Luis, capital del norteño estado de Maranhao, los principales juristas del área ambiental para discutir los mecanismos de implantación del código, debido a que los expertos consideran que en la práctica la ley está atrasada. EFE