Desde
Ecoloxistes n`Aición d´Asturies ya advertíamos después de la
Declaración de Impacto Ambiental en enero de 2013 que la empresa no
cejaría en su empeño de conseguir avanzar
ECOticias.
El Proyecto de mina subterránea de oro bajo las lagunas de Silva
en Cortaficio (Tapia de Casariego) ha sido dado de paso por la
Comisión para Asuntos Medioambientales del Principado de Asturias
(CAMA) el pasado noviembre, pero no así la planta de tratamiento de
mineral ni la balsa de estériles. Ahora, la empresa minera Astur Gold,
promotora del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental,
renuncia al uso de cianuro y reduce de 53 a 20 hectáreas la balsa de
lodos con la intención de que el gobierno asturiano les permita
realizar la fase de tratamiento hasta la flotación y después enviarlo a
“otra parte” para finalizar el proceso.
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Desde
Ecoloxistes n`Aición d´Asturies ya advertíamos después de la
Declaración de Impacto Ambiental en enero de 2013 que la empresa no
cejaría en su empeño de conseguir avanzar algún pasito más en esa
carrera por obtener los permisos correspondientes para realizar todo el
proceso en Tapia y así poder presentarse en la bolsa de Vancouver
(Canadá), donde cotiza, con nuevos y renovados activos que impulsen al
alza el valor de sus acciones.
Todo parece indicar que con la propuesta de desarrollar en Tapia el
proceso metalúrgico hasta la flotación la empresa minera Astur Gold
satisface ahora tanto al gobierno local del PP (por declaraciones del
alcalde Enrique Fernández), como al Gobierno autonómico que en boca de
la titular de Fomento, Belén Fernández, comunicaba los cambios que
ultima la compañía minera en la Junta del Principado actuando más como
portavoz de Astur Gold que como consejera del gobierno.
Si la empresa tiene otro proyecto que lo presente y que se someta de
nuevo al trámite ambiental, para que podamos estudiarlo todas aquellas
personas y organizaciones interesadas, y presentar alegaciones, pero en
este momento de grave crisis económica, social y medioambiental, la
empresa utiliza la vía del chantaje al gobierno y a la ciudadanía con la
oferta de la creación de numerosos puestos de trabajo y así poder
conseguir el apoyo de políticos y sindicatos. El objetivo es incluir
subrepticiamente la planta de tratamiento de mineral (o parte de ella)
en el proyecto de Salave, algo que fue denegado en la Declaración de
Impacto Ambiental, y presionar al gobierno autonómico desactivando
cualquier obstáculo legislativo, medioambiental, y laboral que puedan
encontrar a su paso.
Desde Ecoloxistes n`Aición d´Asturies denunciamos esta indefensión a
la que estamos sometidos frente a las grandes corporaciones, que
incumpliendo la ley no dudan en aprovecharse de la situación de
debilidad que hoy tenemos los trabajadores y trabajadoras, y también
ante unos gobiernos que aparecen ahora más como representantes de ellas
que como defensores de la ciudadanía.
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