jueves, 22 de noviembre de 2012

El defensor del Pueblo estudiará la viabilidad de una Refinería en Badajoz

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. EFE/ArchivoLa plataforma Refinería Sí ha asegurado hoy que la institución del Defensor del Pueblo se ha comprometido a estudiar toda la documentación aportada sobre el proyecto de la refinería Balboa, después de que el Ministerio de Medio Ambiente emitiera una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa.
La plataforma Refinería Sí, de Extremadura y Andalucía, ha entregado hoy a Francisco Fernández Marugán, adjunto a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, más de 9.000 firmas en las que solicita su mediación para que el Ministerio de Medio Ambiente reconsidere su decisión negativa a emitir la Declaración de Impacto ambiental al proyecto industrial Balboa.
En declaraciones a Efe, el portavoz de la Plataforma Refinería Sí, Pedro Pecero, ha señalado que Fernández Marugán les ha dicho que estudiarán toda la documentación que les han entregado y si concluyen que la DIA no tiene que ser negativa harán las "reclamaciones oportunas al Ministerio de Medio Ambiente".
La plataforma Refinería Sí considera que se h
a producido una "discriminación" con el proyecto de Refinería Balboa ya que a pesar de cumplir "todos los requisitos legales, de seguridad y medioambientales", el Ministerio de Medio Ambiente ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental negativa.
En este sentido, el portavoz de la plataforma ha criticado que otros proyectos similares al de Balboa, "pero pilotados por Cepsa y Repsol han logrado salir adelante".
El Grupo Alfonso Gallardo, que promueve la Refinería Balboa, ha asegura que el proyecto supondrá "una inversión de más de 2.000 millones de euros y creará una media de 3.500 empleos durante los tres años que dure su construcción, además de que una vez operativa la planta, se generarán otros 3.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos".
Además, el Grupo Gallardo ha señalado que la planta facturará en torno a 7.000 millones de euros al año y generará unos impuestos por valor de 2.500 millones de euros, con lo que Extremadura aumentará en un 60 por ciento sus ingresos sólo vía impuestos.

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