
Bonig admitió que la decisión es polémica, razón por la cual desgranó
distintos argumentos para defender la incineración: la normativa
europea obliga a apostar por la quema de residuos
antes que por los vertederos; Alemania ha prohibido los vertederos; El
Gobierno catalán de izquierdas aprobó la instalación de dos
incineradoras; Palma de Mallorca tiene una incineradora en la isla pese a
que su actividad es principalmente turística; la incineración no genera
ningún problema ni para la salud ni para el medio ambiente.
Pese a todo, la consejera hizo un llamamiento a los socialistas para
que no hagan de las incineradoras un motivo de debate político. El
número y la ubicación de estas instalaciones se decidirá en los 13
consorcios en los que se ha dividido la Comunidad Valenciana, donde
participan Generalitat, diputaciones y ayuntamientos.
El nuevo plan de residuos destacó que los ejes del mismo son tres:
que pague quien contamine; construir un sistema en base al principio de
proximidad y autosuficiencia en la gestión de residuos y fomento de los
hábitos para reducir el número de toneladas y estimular su reutilización
y reciclaje.
La vigencia del nuevo plan es de carácter indefinido, pero se podrá revisar cada seis años para ajustarlo.
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