Caza al ecologista

La defensa de una causa en México en ocasiones te lleva a la tumba. Una veintena de defensores del medio ambiente han sido asesinados en el país en los últimos seis años y en la mayoría de los casos no se ha hecho justicia. Eva Alarcón y Marcial Bautista, líderes ecologistas de las montañas de Guerrero, llevaban meses denunciando unas amenazas que se concretaron en diciembre de 2012, cuando unos hombres armados los bajaron del autobús en el que viajaban. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ellos.

Las explotaciones mineras, la tala de árboles y la defensa de los ríos son los principales focos de lucha de los ambientalistas. “Se enfrentan a una mezcla de poderes fácticos y corrupción gubernamental. Si revisamos los casos vemos que son gente que mayoritariamente defiende sus tierras frente a compañías con intereses económicos que compran voluntades políticas”, explica Jesús Robles Maloof, un abogado especializado en derechos humanos. Calcula que al menos ocho de los veinte asesinados en este tiempo, como Ismael Solorio en Chihuahua, al norte del país, se enfrentaban a grandes corporaciones mineras. Solorio fue asesinado a balazos junto a un campo de menonitas en octubre de 2012. Las autoridades culparon del crimen a un tal Juan Ismael Granillo, alias El Chorrías, que convenientemente ya estaba muerto y no podía contradecir la versión oficial.

Greenpeace México cumplió en mayo 20 años de servicio en el país. Uno de los momentos más difíciles de la organización en estas dos décadas se vivió en 2007, cuando fue asesinado Aldo Zamora, un defensor de los bosques del Estado de México, la región que rodea al DF y que en esas fechas gobernaba el ahora presidente Enrique Peña Nieto. Zamora fue apaleado hasta la muerte por cuatro talamontes, como se conoce a los traficantes ilegales de madera. Greenpeace exige todavía justicia, ya que los autores del asesinato están identificados pero en libertad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe, dio a conocer que entre 2006 y 2009 murieron al menos once personas relacionadas con el medio ambiente en México. El resto de víctimas se documentan con los casos investigados por el periódico La Jornada. Como el de María Edy Fabiola Osorio, quien fue asesinada en Pie de la Cuesta, Acapulco, y se cree que el crimen está directamente relacionado con su oposición a la construcción de un muelle en una laguna, un proyecto impulsado por el Gobierno de Guerrero. No es la única asesinada por enfrentarse a grandes corporaciones, públicas o privadas. Mariano Abarca fue ajusticiado en Chiapas tras denunciar la contaminación de una empresa y Bernardo Méndez tuvo igual final por hacer lo propio en Oaxaca.
El narcotráfico también tiene sus ramificaciones en este asunto. Los ecologistas culpan al crimen organizado de estar detrás del descenso de población del borrego cimarrón en Sonora, lo que está poniendo a la especie en peligro de extinción. La cornamenta del animal está muy cotizada entre coleccionistas de Estados Unidos y concretamente en Las Vegas se llegan a pagar grandes cantidades por un ejemplar. Los ambientalistas realizan patrullas para ahuyentar a los cazadores furtivos, con el riesgo que eso conlleva.

Aunque el caso más paradigmático de defensa de la naturaleza frente a un poder superior, en este caso también el crimen organizado, es el de Cherán, un pueblo de Michoacán que en abril de 2011 se levantó en armas contra las mafias locales. Los habitantes del municipio se negaron el año pasado a producir aguacate y marihuana para los cárteles y protegieron los cerros de la comunidad para que no explotasen las minas ni talasen los árboles. Las autoridades no actuaron, el pueblo depuso a su alcalde y a día de hoy tienen un gobierno autogestionado, legítimo a ojos de la ley.

En las montañas y las grandes extensiones de tierra proliferan los caciques regionales. El centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan, en Guerrero, se ocupa de defender los derechos de pueblos indígenas y sus recursos naturales. Poderosas familias con intereses políticos y económicos han ido controlando las instituciones en la zona y ejercen el poder de manera autoritaria. “Están coludidos con grupos de delincuencia y tienen compadrazgo con policía y ejército. Miran por sus intereses, quieren ganar dinero, y el obstáculo con el que se encuentran son las organizaciones de campesinos”, cuenta Abel Barrera, director de la institución. Eso les pone en la diana. Cuenta el caso de Teodoro Cabrero y Rodolfo Montiel, torturados por el ejército por su defensa de los bosques. A esta misma organización pertenecían Alarcón y Bautista, los secuestrados en el autobús. Como responsable de su desaparición fue detenido un chico de 21 años que asegura que los ejecutó pero los cuerpos todavía no han aparecido. Las hijas de ambos no han parado de buscarlos en este tiempo.

Por todo el país se registran casos de abusos contra la rica biodiversidad mexicana. En Nayarit, al oeste del país, los defensores de los manglares se enfrenta a continuas amenazas. Los activistas de esa zona habían estado advirtiendo a los ciudadanos del impacto negativo que iba a tener la construcción de la presa Las Cruces, que pone en peligro el 20% de los manglares del país. El proyecto sigue adelante, aunque mientras existan los abusos habrá un ecologista enfrente. Aunque le vaya la vida en ello, como a Juventina Villa, dirigente de una organización campesina de un pueblito de Guerrero en defensa del medio ambiente, asesinada a balazos el año pasado. Había denunciado publicamente que querían quitarla de en medio pero nadie la protegió de una muerte más que anunciada.