Los parques nacionales pueden convertirse en recintos de ocio en los
que navegar, practicar vuelo sin motor o pasar unos días en una casa
rural con el riesgo de que esas actividades molesten a especies hasta
ahora ultraprotegidas. El Gobierno del PP contempla estas posibilidades
en el anteproyecto de Ley de Parques Nacionales que esta semana debate
con las autonomías y organizaciones ecologistas. Los conservacionistas
advierten de que se corre el riesgo de que estos 14 recintos se
conviertan en parques temáticos en los que lo último sea la naturaleza.
En el Ministerio de Medio Ambiente aseguran que se preservarán estos
ecosistemas haciéndolos compatibles con dichas actividades.
Hasta el momento, los parques nacionales tienen una pequeña zona de
acceso al público en la que se explican los hábitats sin molestar. En
principio, la idea del Ministerio de Medio Ambiente era ampliarla al
estilo de los parques africanos, con sus rutas en todoterreno. “Esto no
sería aplicable porque esto no es Suráfrica, aquí los parques son muy
pequeños”, explica un técnico que pone como ejemplo las Tablas de
Daimiel (Ciudad Real).
El texto contempla que se puedan conceder autorizaciones de
navegación en el interior de los parques con fines turísticos o
recreativos de forma excepcional cuando esta actividad contribuya de
forma notable al desarrollo socioeconómico del entorno y sea
completamente compatible con la conservación de los valores y sistemas
naturales. Extremadura, que acepta parcialmente el contenido del
anteproyecto, ha pedido que se pueda surcar el Tajo en el Parque
Nacional de Monfragüe (Cáceres). “Prácticas intrusivas como esta
entorpecen la vida de especies como la cigüeña negra, el buitre leonado o
a las nutrias”, explica Teo Oberhuber, de Ecologistas en Acción. “Hay
zonas navegables del Tajo, con un paisaje similar, que no están en el
corazón del parque”, aseguran en Seo-Birdlife.
También altera la vida natural el hecho de que se permita el vuelo
sin motor en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. En una de
sus disposiciones adicionales, el anteproyecto establece que se estudien
las cotas, periodos y zonas donde “no resulte incompatible con la
conservación de los recursos del parque”. La práctica de deportes no
estaba permitida hasta ahora en estos recintos.
El Gobierno también quiere dar mayor protagonismo a los propietarios
de terrenos que forman parte de los parques nacionales y a los que
ofrece la oportunidad de optar a contratos, convenios o acuerdos para
participar en la conservación de estos parajes. Según el texto, los
particulares podrán “desarrollar actividades económicas y comerciales,
en especial relacionadas con el uso público y el turismo rural”.
Algunos de los expertos consultados ven en la participación de los
dueños de estas fincas una puerta abierta para que se pueda cazar en los
parques nacionales. El texto califica la caza deportiva y comercial
como actividades “incompatibles”. Sin embargo, establece que la
Administración del parque puede programar actividades de control de
poblaciones —en las que se matan ejemplares— entendiendo esta actividad
como necesaria para la gestión. El secretario de Estado, Federico Ramos,
ya declaró en 2012 a Europa Press que no descartaba la posibilidad de
recurrir a las asociaciones de cazadores para participar en esta
práctica. “No hay ninguna puerta abierta a que se pueda permitir la caza
en los parques nacionales”, remachó ayer un portavoz de Medio Ambiente.
“El control poblacional es una figura que ha existido siempre y no se
puede considerar como caza”, añadió.
La caza deportiva siempre ha estado prohibida en los parques
nacionales, aunque las diferentes leyes de declaración de cada recinto
establecen periodos de transición en los que se permite esta actividad.
En el Parque Natural de Monfragüe, por ejemplo, todavía está permitida
de forma transitoria.
En su afán por impulsar la actividad económica, la norma quiere
potenciar la marca Parques Nacionales de España como “identificador
común de calidad” para productos de estos espacios y creará “áreas de
influencia socioeconómica” en las que la Administración pública va a
impulsar políticas de desarrollo. En el documento también se contempla
la posibilidad de que se impulse la “colaboración público-privada” con
la incorporación a los parques de recursos financieros de la iniciativa
privada y el sector empresarial.
Este primer borrador del anteproyecto todavía tiene que leerse en el
Consejo de Ministros y está pendiente de las alegaciones de las
comunidades autónomas. Andalucía, gobernada por el PSOE, ha sido una de
las primeras en rechazarlo porque advierten una recentralización
encubierta de la gestión de los parques de Sierra Nevada y Doñana, ya
que subordina a los directores de parques al ministerio. Extremadura,
gobernada por PP, lo ha aceptado con matices, también relacionados con
la invasión de competencias. El Tribunal Constitucional ya estableció en
2004 y 2005 que la gestión de los Parques correspondía a las
comunidades autónomas y reservaba para la Administración general otras
funciones. En Ecologistas en Acción creen que estos cambios en la ley de
Parques Nacionales vigente, de 2007, generarán nuevas batallas
judiciales.
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