El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han registrado en el Congreso sendas enmiendas a la totalidad por las que piden la devolución al Gobierno del proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de las cumbres de la sierra de Guadarrama, actualmente en trámite parlamentario, y a las que ha tenido acceso Europa Press.
Fue a comienzos de septiembre cuando el Consejo de Ministros aprobó este proyecto de Ley, que dará lugar a la creación del Parque Nacional
de Guadarrama, y que se convertiría en el parque nacional número 15 y
en el quinto por extensión. Será previsiblemente aprobado de forma
definitiva en 2013, según las previsiones del Gobierno.
El nuevo parque nacional, que se extiende por la Comunidad de
Madrid y la de Castilla y León, cuenta con más de 33.664 hectáreas y
"acoge gran riqueza de flora y de fauna y especies muy emblemáticas para
todos los españoles como la cigüeña negra o el águila imperial ibérica,
que están en peligro de extinción", señaló la vicepresidenta del
Gobierno en aquel Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría.
Aunque ha sido "sueño compartido" a lo largo de casi un
siglo por amplios colectivos de investigadores, de organizaciones
sociales y de amantes de la naturaleza, el PSOE dice que estas personas
no merecen ser defraudados por "la dudosa legalidad, la falta de consistencia y la escasa ambición de este proyecto".
Así las cosas, a juicio de los socialistas, el proyecto no
debería haber llegado a esta Cámara por hallarse pendientes varios
recursos judiciales, cuyas correspondientes sentencias podrían modificar
o incluso, anular, buena parte de su contenido.
"El PSOE se opone radicalmente a la pretensión de este Gobierno de
utilizar el Parlamento para avalar y consolidar sus decisiones frente
al poder judicial, en un intolerable ejercicio de perversión del papel
de cada uno de los poderes del Estado", añade.
CADENA DE LITIGIOS EN MADRID
Igualmente, apunta que la Comunidad de Madrid aprovechó el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama
para reducir los niveles de protección existentes.
Por ello, relata que Ecologistas en Acción presentó un recurso
contencioso administrativo contra él, resuelto en mayo de 2012, y por el
que la sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
reconoció esa "injustificable reducción de la protección de los citados espacios y el Proyecto de Ley ha incorporado esta modificación"; que finalmente fue también recurrida ante el Tribunal Supremo por la Comunidad de Madrid.
Además recuerda que el Tribunal Constitucional ha admitido a
trámite el recurso de amparo presentado por el PSOE, en junio de 2011,
contra los acuerdos de la mesa de la Comisión de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, que comportaron la
imposibilidad de presentación de resoluciones del PSOE de la Asamblea de
Madrid sobre el citado Plan de Ordenación del Terrritorio.
Igualmente, el PSOE considera que el proyecto de ley del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama refleja "falta de consistencia y de ambición"
en materia ambiental en todas sus decisiones, como dice que ya subrayó
la Comisión Europea en su evaluación del Programa Nacional de Reformas.
En el actual contexto de crisis económica, dice también que el
Gobierno pretende reforzar el falso planteamiento que contrapone la
protección ambiental con la recuperación económica como, a su juicio, ha
quedado patente en varias leyes aprobadas.
Por último, defiende que con esta ley el Ejecutivo tiene la
intención de suplantar a las comunidades autónomas en la gestión del Parque Nacional,
mediante la declaración de un estado de emergencia, cuando así lo
proponga el director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales,
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, a su juicio, contrario a
la doctrina constitucional.
NO PROTEGE REALMENTE AL MEDIO AMBIENTE
Por su parte, el Grupo de IU-ICV-CHA (Izquierda Plural) justifica su petición de devolución al Ejecutivo en que el proyecto de ley "no asegura una protección suficiente para el ecosistema" y abre la puerta a más urbanización y más infraestructuras. En concreto, les preocupa especialmente la "zona de transición" donde aseguran que están previstas 43.000 nuevas viviendas en 17 de los 35 municipios afectados.
Además, denuncia que el proyecto de ley permite la caza en un parque nacional, lo que "es contrario a la propia Ley"
de Parques Nacionales. Reclama, por ello, una nueva ley que prohíba,
además de la caza, cualquier ampliación o unificación de las estaciones
de esquí de la zona (Valdesquí y Navacerrada) y que incluya un plan de
recuperación ambiental del puerto de Navacerrada sin más desarrollo
urbanístico.
A su juicio, el proyecto de ley puede reducir, en la práctica, el
nivel de protección de algunas zonas, como los humedales de Peñalara,
porque la zonificación del futuro parque parece basarse más bien en el
régimen de propiedad vigente. "La propuesta convierte el parque nacional
en una especie de parque temático de las cumbres, rodeado de
urbanizaciones e infraestructuras para el enriquecimiento de unos
pocos", resume.
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