Chevron pidió hoy que investigar al contralor (fiscal
de cuentas) del estado de Nueva York, Thomas DiNapoli, por falta de
ética en el caso que enfrenta a la petrolera y demandantes por daños
medioambientales en la Amazonía ecuatoriana.
La petrolera presentó una denuncia ante la Comisión Conjunta sobre
Ética Pública de Nueva York, con sede en Albany, la capital estatal,
para investigar a DiNapoli y su equipo por "múltiples violaciones a la
Ley de Funcionarios Públicos" del estado.
Chevron aseguró en un comunicado que el contralor usó su oficina para
apoyar a los abogados de los demandantes ecuatorianos para presionar a
la empresa a forzar un acuerdo "a cambio de beneficios recibidos de
parte de los representantes de los demandantes".
La empresa alega que quienes apoyan a los demandantes, entre otras
cosas, han realizado contribuciones financieras directas a la campaña de
DiNapoli que superan los 60.000 dólares, "así como otros beneficios
políticos".
"Este tipo de conducta constituye una aparente violación de sus
responsabilidades éticas y legales que merece una investigación", afirmó
el vicepresidente y consejero general de Chevron, Hewitt Pate, en el
mismo comunicado.
La empresa dijo que, en un aparente intercambio de compensaciones,
DiNapoli apoyó y usó su oficina para ejercer acciones en nombre de los
demandantes, como patrocinar resoluciones de los accionistas y emitir
declaraciones públicas contra de Chevron.
DiNapoli supervisa el Fondo de Pensiones del estado de Nueva York,
dueño de más de 800 millones de dólares en acciones de Chevron, y la
petrolera considera que, "aparentemente, incumplió sus obligaciones
éticas y fiduciarias".
Así, recuerdan que la actual legislación prohíbe a funcionarios
públicos de Nueva York tener "cualquier interés financiero o de otra
naturaleza que esté en conflicto sustancial con el fiel desempeño de sus
funciones".
La petrolera fue condenada en Ecuador a pagar más de 19.000 millones
de dólares por los "graves daños ambientales" causados en la Amazonía
ecuatoriana entre 1964 y 1990, años en los que operó en el país Texaco,
adquirida después por Chevron.
La empresa, que reniega de la justicia ecuatoriana, sostiene que se
perpetró un fraude en su contra por parte de los demandantes que han
iniciado acciones para cobrar el monto de la condena que en principio
ascendía a más de 18.000 millones de dólares.
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