2012 se despide como el peor ejercicio de la década en daños forestales y uno de los más trágicos en pérdidas humanas por inundaciones, año en el que se polemizó de nuevo sobre el cierre de Garoña y se puso sobre la mesa la nueva ley de costas.
El fuego arrasó casi 200.000 hectáreas hasta noviembre de este
año, lo que supone 100.000 hectáreas más de la superficie devastada en
el mismo periodo de 2011 y el peor registro de la última década. Los más
impactantes se destaron en la Comunidad Valenciana -50.000 hectáreas
quemadas en junio-; La Jonquera y Portbou (Girona) -14.000 hectáreas en
julio-; y en Castrocontrigo (León), que dejó en entre agosto y
septiembre 11.700 hectáreas quemadas, el más grave en Castilla León en
diez años; y el de la isla de la Gomera.
Garajonay, entre los afectados
Este
último acabó con más de 4.000 hectáreas, incluidas 750 del Parque
Nacional de Garajonay, lo que representa el 11 % de la superficie de la
isla (Reserva de la Biosfera de la Unesco) y obligó al desalojo de un 25
% de su población, más de 5.000 personas.
Además del fuego real,
algunos gobiernos regionales como el de Canarias se enzarzaron en un
fuego cruzado con el Gobierno central, al que acusaron de falta de
coordinación y lentitud en las tareas de extinción.
Las
afirmaciones fueron tildadas de infundadas por el ministro de Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, que a su vez acusó a las CCAA de haber
recortado sus presupuestos en esta materia.
Sequía e inundaciones
Y
pese a lo paradójico, ya que España entró en 2012 en una sequía
meteorológica, 2012 ha sido uno de los más trágicos en cuanto a la
pérdida de vidas humanas como consecuencia de sucesivas inundaciones.
A
finales de septiembre, murieron trece personas (seis en Murcia y siete
en Andalucía), tras la gota fría que atravesó Murcia, Andalucía y
Valencia, y que obligó a evacuar a cientos de personas.
Durante el
mayor episodio de lluvias conocido en la historia de la Región de
Murcia, llegaron a caer más 200 litros/metro cuadrado.
Al mes
siguiente, otro temporal de lluvia, viento y fuerte oleaje afectó al
noroeste y este de España, especialmente a Cataluña, Navarra y Aragón,
ocasionando la muerte de una polaca y la desaparición de un francés.
La reforma de la ley de costas
Otras
aguas removió el proyecto de reforma de la ley de costas, aprobado en
julio en Consejo de Ministros, que amplía las concesiones de las
propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años y
permite su transmisión.
De forma unánime, las organizaciones
ecologistas se posicionaron en contra del texto desde el primer momento y
el PSOE y los grupos de izquierda del arco parlamentario presentaron
sendas enmiendas a la totalidad.
El Gobierno afirma que la
reforma pretende la seguridad jurídica, la protección del litoral
español y la "tolerancia cero" frente a las agresiones en la costa;
mientras que los opositores a la ley opinan que reduce dicha protección y
prolonga la especulación durante 75 años.
Garoña, de nuevo sobre el tablero
En
otro orden de cosas, el cierre de Garoña volvió a dar de hablar, ahora a
cuenta de los distintos puntos de vista del ministro de Industria, José
Manuel Soria, y la dueña de la planta (Nuclenor).
El primero animó a renovar la licencia de explotación, la segunda se mostró reticente y, al final, contraria a prorrogarla.
Y
hace tan solo unos días, el Gobierno expresó su disposición a que
Garoña siga operativa tanto si lo solicita Nuclenor (participada al 50 %
por Endesa e Iberdrola), como si lo pide un nuevo operador.
Siempre
que el CSN determine que la planta puede seguir, el Gobierno apoyará
que así sea y "le da igual que sea con el operador actual o con otro",
explicó en una entrevista con Efe, el ministro Industria, José Manuel
Soria.
Continúa los trabajos del ATC
Mientras,
la planificación y trabajos del futuro almacén nuclear de residuos
radiactivos (ATC), que se construirá en Villar de Cañas (Cuenca), sigue
su curso y ya están comprados los terrenos que lo albergará.
En
estos momentos, los técnicos de Enresa están caracterizando el suelo
para garantizar que el subsuelo es seguro y, en breve, se procederá a
vallar las parcelas.
La Empresa Nacional de Residuos (Enresa)
también ha sacado a concurso el proyecto medioambiental, al cual se han
presentado unas 25 empresas, todas españolas, y están a punto de sacar a
concurso el convenio con la junta de comunidades de las carreteras de
acceso al ATC, por importe de 18 millones de euros.
El compromiso, según el presidente de Enresa, Francisco Gil Ortega, es terminarlo en 2017.
Los residuos de Vandellós
A
finales de 2012, esta empresa pública dio a concoer un acuerdo con
Francia por el que los residuos de Vandellós I volverán a España antes
de octubre de 2015, y Francia devolverá las penalizaciones que España le
ha pagado hasta hoy (más de 60.000 euros/día) por no hacerse cargo de
este material radiactivo en el plazo previsto.
Los residuos de Vandellós I se encuentran en un depósito nuclear francés y se depositarán finalmente en ATC. EFE
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