Este mes se han cumplido cinco años desde que la Junta de Andalucía aprobase, el 4 de diciembre de 2007, el Plan Especial de Ordenación de los regadíos ilegales del entorno de Doñana, sin que aún se haya aplicado.
Varias consejerías de la Junta han consumido buena parte de
este lustro en elaborar dicho Plan, que estipula qué regadíos del
entorno de Doñana son susceptibles de ser legalizados, cuáles se pueden
compensar con dotaciones de riego en otras zonas no protegidas y
aquellos que deben de ser clausurados por ubicarse en áreas de especial
importancia ambiental.
En estos cinco años de trámites
administrativos no ha parado de crecer el número de pozos ilegales
perforados en el entorno de Doñana, que extraen agua del acuífero 27, el
que nutre a este espacio protegido, declarado Reserva de la Biosfera y
Patrimonio de la Humanidad.
Del impacto hídrico de estos cultivos
han alertado diversos estudios, como el del catedrático de la
Universidad Politécnica de Cataluña Emilio Custodio, quien cifró en 18
metros la bajada del nivel del acuífero 27 por las extracciones para
regadíos.
La proliferación de pozos y cultivos ilegales ha
favorecido episodios como que una finca de Hato Ratón, al norte de
Doñana, haya recibido la mayor multa conocida de un Consejo de Ministros
por riego ilegal: dos millones de euros, incluyendo la reparación de
daños, que fue ratificada por el Tribunal Supremo en abril de 2009.
Los
propietarios de la explotación "El Avispero", del municipio de Bonares
(Huelva), fueron condenados en 2010 a casi cinco años de prisión y a una
indemnización de 560.000 euros por haber roturado ilegalmente una finca
de 50 hectáreas, y agentes de la Junta de Andalucía han sido procesados
por connivencia con estas actuaciones.
La organización
conservacionista WWF, que ha censado casi dos mil pozos ilegales en el
entorno de Doñana, así como numerosas balsas para riego, calcula que
existen unas 3.000 hectáreas de cultivos ilegales en zonas de máxima
protección ambiental.
La fiscalía de Medio Ambiente ha ordenado al
Seprona de la Guardia Civil que determine el número de pozos ilegales y
sus circunstancias legales y ambientales, actuación criticada por
dirigentes políticos.
Finalmente, la Consejería andaluza de Obras
Públicas aprobó en febrero de 2011 el documento inicial de este Plan
Especial, que tuvo que rectificar meses después por diversos errores y
que aún se encuentra en fase de respuesta a las alegaciones presentadas.
Este
Plan fija los criterios para ordenar los cultivos ilegales de Doñana
-que los agricultores prefieren calificar de alegales- estimados en casi
9.000 hectáreas y cuya dotación de riego sumaría unos 36 hectómetros
cúbicos al año.
El documento advierte de la existencia de un
déficit hídrico de casi un hectómetro cúbico por año que se debería de
compensar con trasvases desde la cuenca del Guadiana a la del
Guadalquivir.
La devolución de las competencias de esta cuenca al
Gobierno central, después de que el Tribunal Constitucional anulase su
transferencia a la Junta de Andalucía, ha encendido en los últimos meses
una batalla política en la que ambas administraciones se acusan de
paralizar este trasvase, cuya inversión ronda los 17 millones de euros.
A
esta inversión habría que sumar los casi 30 millones de euros previstos
para financiar el Plan Especial de Doñana, que además de ordenar los
regadíos ilegales también fija un programa de actuaciones para
garantizar la sostenibilidad de dicho ámbito.
Entre ellas destaca
la inversión de 20 millones de euros para ordenar la red de carreteras
de la zona, muchas de las cuales carecen de garantías mínimas de
seguridad, y para preservar 160 kilómetros de corredores ecológicos, que
ocuparían 150 hectáreas de suelos regables y que requerirían de la
construcción de pasos de fauna y otras actuaciones viarias. EFE
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