Este lunes ha comenzado en Nueva Orleans un nuevo proceso para dirimir el grado de responsabilidad de la petrolera BP en la explosión de la plataforma Deepwater Horizon,
en el Golfo de México, que en 2010 provocó el mayor vertido de crudo de
la historia de Estados Unidos. Si, como alegan los demandantes, entre
ellos el Gobierno federal, el de varios Estados afectados por el escape y
otros particulares, el comportamiento negligente de la petrolera
favoreció la explosión, la compañía británica podría ser condenada a
pagar unos 20.000 millones de dólares.
Durante la primera jornada del juicio, que se espera que se prolongue
varios meses, el juez federal Carl Barbier ha escuchado los argumentos
iniciales de las partes implicadas en el proceso. El abogado del
Departamento de Justicia, Mike Underhill, ha asegurado que la explosión
que hundió la plataforma se debió a la “cultura de imprudencia
corporativa” que estaba arraigada en la petrolera británica. “Las
pruebas demostrarán que BP eligió anteponer los beneficios económicos a
las personas, los beneficios económicos a la seguridad y los beneficios
al medio ambiente”, ha afirmado.
En noviembre de 2012, BP alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia y aceptó pagar una multa de 4.500 millones de dólares
para evitar el proceso en el que se determinaría la responsabilidad
penal de la petrolera en la explosión. La compañía alega que ya ha
desembolsado más de 24.000 millones de dólares en labores de limpieza y
reconstrucción y que prevé abonar otros 42.000 millones para zanjar por
completo su responsabilidad por el accidente en el que fallecieron 11
personas y en el que se vertieron 4,9 millones de barriles de crudo.
Para los abogados del Departamento de Justicia, de los Gobiernos de
Alabama y de Lousiana y los representantes de los demandantes
particulares, el esfuerzo de BP no es suficiente y esperan convencer al
juez de que la petrolera aún no ha cumplido con toda su responsabilidad.
Dados los miles de millones en juego, la compañía ha tratado de llegar a
un pacto para evitar el proceso, pero, de momento, el acuerdo, que aún
podría producirse, no ha sido posible. De acuerdo con una web de perjudicados por el vertido de Deepwater Horizon, el Gobierno exigió a BP 16.000 millones de dólares, un trato que la petrolera ha declinado porque pretende abonar mucho menos.
La compañía alega que ya ha desembolsado más de
24.000 millones de dólares en labores de limpieza y reconstrucción y que
prevé abonar otros 42.000 millones para zanjar por completo su
responsabilidad por el accidente en el que fallecieron 11 personas y en
el que se vertieron 4,9 millones de barriles de crudo
Los demandantes aseguran que, conforme a la Ley de Agua Limpia,
una empresa que contamine debe pagar un mínimo de 1.100 dólares por
barril de crudo vertido, una multa que se cuadruplica si se demuestra
que el escape obedece a prácticas negligentes. BP, por su parte,
sostiene que el Departamento de Justicia ha inflado en un 20% la
cantidad de petróleo vertido. La determinación de cuánto crudo se
derramó tras la explosión y cuánto queda por recoger forma parte de la
segunda parte de este proceso civil que Barbier pretende resolver en
otoño, cuando se concluya la primera fase que ha comenzado este lunes.
Pese al número de testigos y personas llamadas a declarar -alrededor
de 300-, partes implicadas en el proceso -11-, abogados trabajando en el
caso -más de un centenar-, y documentos para revisar -casi 90 millones
de páginas-, el juez está decidido a tener listo un fallo lo antes
posible. Barbier no quiere hacer de este proceso otro Exxon Valdez,
que sigue sin resolverse completamente casi un cuarto de siglo después
de que el petrolero se encallara frente a la costa de Alaska en 1989.
Además de BP, los demandantes también han demandado a la propietaria de la plataforma, Transocean, y a Halliburton, por haber proporcionado material en malas condiciones para construir el pozo petrolífero.
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