Urbanizaciones sin terminar, sin alumbrado, sin calles, o sufriendo
vertidos ilegales porque el constructor ha desaparecido del mapa sin
terminar las obras. Los afectados por el efecto estampida de los promotores derivado de la crisis económica han crecido significativamente en 2012, según el último informe del Defensor del Pueblo, hecho público este martes.
El defensor no aporta cifras, pero nombra numerosos casos. Cita, por
ejemplo, la situación de la urbanización Los Portales de Arucas, en el
término municipal de Las Palmas,
en la que detecta una “pasividad virtualmente total” del Ayuntamiento
ante la falta de infraestructuras o servicios básicos, o la urbanización
Esquinzo, del municipio de Pájara (Las Palmas), que sufre problemas de
vertidos ilegales y en la que un informe técnico reconoce que la
depuradora se realizó “sin autorización y con capacidad insuficiente”.
El defensor inició una actuación de oficio, junto con la Federación Española de Municipios (FEMP),
que puso de manifiesto que muchas empresas promotoras habían
desaparecido sin finalizar las obras de urbanización, con calles y
aceras sin pavimentar, alumbrado sin instalar y deficiencias en los
servicios básicos (saneamiento y abastecimiento de agua, luz).
Los afectados han pedido ayuda porque la precaria situación económica
de los ayuntamientos les está obligando a ellos a asumir estos costes
si quieren tener unas condiciones de vida dignas. El defensor da un
tirón de orejas a los gobernantes locales recordándoles que deberían de
haber adoptado “en su momento” las medidas de control para garantizar
las obras.
Algunas administraciones locales reconocen que no exigieron a los
promotores, "cuando debían", las garantías de la legislación
urbanística, pero lo verdaderamente grave, según el informe, es que no
se adopten medidas contra estos constructores, abriéndoles expedientes
de infracciones urbanísticas, o utilizando el dinero que depositaron
como garantía de sus construcciones.
“No deben de ser los adquirientes de las viviendas los obligados a
completar la urbanización y a cumplir lo que el promotor quedó obligado a
hacer”, opina el defensor. Para paliar esta situación, recomienda a los
consistorios que tomen el dinero depositado por los empresarios como
aval y acometan las obras.
En la lista de casos destacados también aparece la urbanización Tres
Palmeras, de Carmona (Sevilla), el conjunto residencial Pla de la Torre,
en la Torre de Claramunt (Barcelona), Ceres Golf en Cáceres o Sacaba
Beach en Málaga.
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