3 de diciembre de 2012. El Gobierno está a punto de dar un golpe mortal al liderazgo mundial termosolar que ostenta España y a la contribución a la riqueza nacional que realiza el sector
ECOticias.
Pone en peligro el liderazgo termosolar mundial de España y crea
inseguridad jurídica, contra la que Rajoy se pronunció en la cumbre
iberoamericana de Cádiz y en Estados Unidos
Aboca al Reino de España a numerosos litigios en las cortes de arbitraje internacional y a la desconfianza de inversores extranjeros en la seriedad de nuestras leyes
Ignora los positivos impactos en nuestra economía y que por cada euro de prima recibido se genera el doble en ingresos fiscales y ahorros y se multiplica por cinco la aportación al PIB
3 de diciembre de 2012. El Gobierno está a punto de dar un golpe mortal al liderazgo mundial termosolar que ostenta España
y a la contribución a la riqueza nacional que realiza el sector (2084
millones de euros de valor añadido en 2011), al alterar retroactivamente
las condiciones retributivas establecidas legalmente en su día, con su
nueva Ley de Medidas Fiscales para la Reforma Energética en tramitación
en el Senado, sin tener en cuenta que el marco normativo previo ha sido
el soporte para la captación de inversiones y de la financiación por
parte de empresas e instituciones nacionales y extranjeras,
especialmente de Estados Unidos, Emiratos Árabes, Japón, Alemania y
Francia.
Las modificaciones de las reglas de juego a mitad de partido crearían una enorme inseguridad jurídica en España
para los inversores extranjeros y abocaría al Gobierno a enfrentarse a
demandas ante los tribunales internacionales, con grave daño para
nuestra imagen como país e influencia en la prima de riesgo para
nuestras emisiones de deuda en los mercados. Y todo ello justo cuando el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insistió en la reciente cumbre
iberoamericana, al igual que antes en Estados Unidos, en la necesidad de
garantizar la seguridad jurídica en las inversiones españolas en el
exterior, una exigencia que, en justa reciprocidad y como es obligado
por los tratados internacionales firmados por España, demandan también
los inversores foráneos –y nacionales- en nuestro país.
La medida retroactiva de eliminación de la prima a la parte
generada con gas, unida al nuevo impuesto general del 7%, produce un
impacto dramático sobre los resultados de operación de las plantas
termosolares, al disminuir sus ingresos en más de un 22%. En
efecto, esta reforma no se limita a diseñar un nuevo marco al que se
pueda adaptar la actividad de las empresas que han previsto proyectos de
construcción de plantas termosolares en España en el futuro, sino que
incide muy gravemente sobre situaciones preexistentes y consolidadas,
respecto de las que el negocio no tiene margen de actuación de ningún
tipo. La Administración fijó en su momento unas “reglas del juego” para
delimitar con precisión los derechos de los interesados, entre otros, el
primar en igual medida el total de la electricidad generada en las
centrales. “Reglas del juego” que no son casuales ni más o menos difusas
o indeterminadas, sino que se establecieron, en concreto así, para
permitir la rentabilidad razonable de acuerdo con la Ley del Sector
Eléctrico y dar seguridad y fomentar la construcción y explotación por
el sector privado de este tipo de instalaciones, como se encargó de
poner de manifiesto, destacar y repetir la Administración en
innumerables ocasiones y documentos. “Reglas del juego” que, en
definitiva, constituyeron las referencias que tuvieron en cuenta los
inversores nacionales y extranjeros para decidirse a invertir y asumir
los compromisos con sus financiadores. Una vez fijados los costes de
todo tipo y las condiciones de la financiación y con las plantas en
funcionamiento, es evidente que los cambios regulatorios de contenido
patrimonial tienen un impacto directo (daño efectivo) y sobrevenido muy
fácilmente acreditable.
Muy a nuestro pesar, el debate no se centra en el carácter
discriminatorio y retroactivo de las medidas o en el umbral de la
rentabilidad razonable que garantiza la Ley del Sector Eléctrico.
Ni siquiera se trata de la pérdida del valor actual de la compañía ni
del deterioro de sus condiciones de financiación. Estamos pura y
simplemente ante una cuestión de supervivencia. A nadie interesa que se
frustren inversiones productivas tan cuantiosas y, menos aún, en el
contexto económico por el que atraviesa el país, y por eso Protermosolar
confía en el que el Gobierno de España modifique esta Ley introduciendo
las enmiendas necesarias en su tramitación en el Senado para evitar
esta situación gravemente discriminatoria y destructiva para el sector termosolar español.
Hoy, España copa el 70% de este sector puntero en innovación
que tiene unas perspectivas de negocio futuro billonarias. Nuestras
empresas están siendo adjudicatarias de importantes contratos para la
construcción de centrales termosolares en el extranjero, con lo que ello
supone también de retorno para nuestra economía y de prestigio para la
marca España: Estados Unidos, Suráfrica, Marruecos, Chile….
Todas esas perspectivas quedarán cercenadas con la nueva ley, que destruiría el sector en nuestro país.
Cada euro de prima percibido por el sector termosolar aporta al PIB casi cinco.
El retorno directo e inmediato de las primas a la termosolar en
términos de impuestos y ahorros de importaciones y de subsidios de
desempleo fue en 2011 el doble que las primas recibidas, ya que los 427
millones de euros con que se ha retribuido a las centrales termosolares
durante el año 2011 han tenido como contrapartida una contribución al
PIB de 2084 millones de euros y unas aportaciones de 564 millones de
euros en impuestos, de 78 millones de euros en ahorros de importación de
combustibles y de derechos de emisión y evitado unos subsidios de
desempleo de 213 millones de euros. Un resumen del estudio puede
descargarse tanto en www.protermosolar.com como en la sala de prensa en: http://bit.ly/VqmSch
Las 39 centrales termosolares operativas en España en estos momentos
están situadas en la mitad meridional del país y por lo tanto están
contribuyendo a la convergencia económica con el resto de la nación de
comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha,
ya que la construcción de una central dotada con capacidad de
almacenamiento de energía da una ocupación equivalente de 2.214
personas de un año de duración, sin contar el empleo fijo que se crea
para su posterior mantenimiento y operación.
Por todo ello el balance del sector termosolar no puede ser más
rentable para España, que merced al esfuerzo en I+D+i realizado en estos
años por nuestras empresas y centros de investigación ha logrado el
liderazgo mundial en este ámbito.

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