La enmienda
del PP al proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad
Energética que propone un aumento del 6 al 7% del futuro impuesto sobre
la generación eléctrica supondría que el eólico
ECOticias.
El sector considera inaceptable que un tributo con vocación de
sostenibilidad medioambiental castigue sobre todo a una tecnología
limpia y competitiva, con claros beneficios económicos para España. AEE
cree que no se debería aprobar la propuesta de enmienda del PP por el
golpe que supone para la eólica, que ya se enfrenta a una importante
caída de ingresos, cierre de fábricas y despidos.
La enmienda del PP al proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la
Sostenibilidad Energética que propone un aumento del 6 al 7% del futuro
impuesto sobre la generación eléctrica supondría que el eólico sería el
sector que más tendría que pagar en términos absolutos. Según los
cálculos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el
impacto para el sector sería de unos 300 millones de euros, una
cantidad inasumible para unas empresas que ya atraviesan serias
dificultades. El sector considera injusto e inaceptable que una tasa que
nace con vocación de sostenibilidad ambiental penalice por encima de
todas las demás a una tecnología con claros beneficios medioambientales y
económicos para España, que es una de las que tiene la retribución más
ajustada, que abarata el precio del mercado eléctrico, que es la más
competitiva de las renovables y que no es culpable del déficit de
tarifa.
Si a la inexistencia de un marco regulatorio que dé continuidad y
futuro al sector, la elevada presión fiscal autonómica y local, y la
caída de ingresos a los que se enfrenta el sector por el cambio de
régimen económico en 2013 se le añade un impuesto del 7% sobre la
generación, las empresas no podrán instalar nueva potencia y los
fabricantes –que ya se enfrentan a cierres de fábricas y despidos por
la falta de pedidos para el mercado doméstico– se verán obligados a
marcharse de España.
Por todo ello, AEE considera que la enmienda que el PP ha presentado
en el Senado no debería ser aprobada, ya que provoca más perjuicios
que beneficios y supone que, tras el trámite parlamentario del proyecto
de ley, todas las incertidumbres continúan abiertas. El sector eólico
entiende que la prioridad del Gobierno sea acabar con el déficit de
tarifa y ha demostrado en repetidas ocasiones su disponibilidad a hacer
concesiones por el bien del país y su situación económica, siempre que
sean justas y negociadas. Sin embargo, no comprende que se tomen
medidas que penalicen injustamente a una tecnología que se ha
desarrollado de acuerdo a los objetivos del regulador y que tanto le
puede aportar a España en un momento de graves dificultades económicas.
Entre otras cosas, la eólica frena el deterioro de la balanza
comercial española al evitar más de mil millones de euros en
importaciones de combustibles fósiles. Y exporta tecnología por más de
2.000 millones de euros.
2013 se presenta como el año más difícil para la eólica. A la
moratoria para las nuevas instalaciones, se suma el próximo 31 de
diciembre que los parques eólicos acogidos a la Disposición Transitoria
Primera del Real Decreto 661/2007 (los que decidieron quedarse en el
Real Decreto 436/2004 transitoriamente) deberán pasar a uno de los
regímenes económicos previstos en el Real Decreto 661, lo que supondrá
una merma de ingresos de unos 150 millones para el sector. Además, las
empresas dejarán de percibir el complemento por la adecuación a los
huecos de tensión de los parques eólicos (125 millones). Si se suma el
nuevo impuesto a la generación, el impacto total sería superior a los
500 millones de euros para un sector que factura unos 3.500 millones al
año.
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